Con el subtítulo de Washington ignora violaciones graves de los derechos humanos llevadas a cabo con dinero de los tributarios, el Wall Street Journal publicó la columna de Mary Anastasia O´Grady que invita a una meditación importante no sólo para Guatemala, sino para los tributarios de los Estados Unidos de America.
En la columna, O´Grady dice: El encarcelamiento ilegal de Max Quirin y otros cinco ex miembros de la junta ejecutiva [del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social] suena a justicia de república bananera. Pero gran parte de la responsabilidad de los crímenes estatales perpetrados contra estas personas inocentes recae en el Congreso de los EE. UU.
El Congreso financia casi la mitad del presupuesto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG. La comisión, creada en 2006 para combatir el crimen y la corrupción, está pasando por alto a los guatemaltecos respetuosos de la ley, explica O´Grady.
El senador Lindsey Graham, presidente del subcomité de operaciones estatales y extranjeras, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la anarquía de la CICIG. El senador Patrick Leahy, el demócrata de mayor rango del subcomité y defensor de los derechos humanos en América Latina, admite que la CICIG podría ser mejorada, pero la aplaude. Sin ella, dice, “funcionarios de alto rango o miembros de redes criminales con la capacidad de intimidar a fiscales y jueces y amenazar o asesinar a testigos” no podrían comparecer ante la justicia, relata la columnista y miembro del Consejo Editorial de The Wall Street Journal, que luego nace una meditación que eriza los pelos: Por esa lógica, las represalias extralegales están justificadas porque la criminalidad existe. ¿Quién necesita el debido proceso?
No te cuento mucho más del artículo para que lo leas; pero luego de aquellas líneas, la columnista relata el proceso contra Max Quirín y la directiva del IGSS así como los agusos e irregularidades que lo caracterízan.
Antes de concluir anota que la detención preventiva está limitada a un año por ley. Al señor Quirin se le ha negado la libertad bajo fianza varias veces. Mientras tanto, el izquierdista Juan Alberto Fuentes Knight, ex presidente de Oxfam Internacional y ex ministro de finanzas que enfrenta cargos de corrupción, recibió una fianza de $ 66,000 dentro de un mes de su arresto.
Después de 10 años en Guatemala, la CICIG ha conseguido pocas condenas y necesita trofeos para complacer a gente como el señor Leahy. Se está apostando a que el encarcelamiento indefinido convencerá al inocente de confesar algo que no hizo y a firmar acuerdos de declaración de culpabilidad para salir de prisión.
Mary O´Grady concluye: A solicitud del senador de Florida Marco Rubio, se ha suspendido un desembolso de $ 6 millones para la CICIG corrupta, en espera de una reforma significativa. Pero la CICIG protege a la izquierda guatemalteca, y un asistente del Congreso me dijo que los demócratas clave están presionando mucho para levantar la suspensión.
Mientras tanto, coincido con O´Grady en que quienes pierden son los derechos humanos.
