Una injusticia peligrosa para todos

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Mientras el general Efraín Ríos Montt esté internado en el Hospital Carlos Federico Mora –el peor hospital psiquiátrico de América– al militar retirado no le podrían proporcionar los medicamentos que normalmente recibe, ordenó el Tribunal Primero B de mayor riesgo, que tiene a su cargo el genocirco.

¿De verdad puede un tribunal, sin un dictámen médico previo, ordenar que a un procesado se la quiten sus medicinas? ¿En serio?  ¿Quién incurre en responsabilidad si una persona enferma sufre consecuencias dañinas para su salud por la privación de sus medicinas? ¿Quién incurre en responsabilidad si pone en riesgo la salud precaria de una persona enferma, aunque no haya consecuencias dañinas inmediatas para su salud?

La resolución del tribunal citado no se llegó a ejecutar y el encartado no fue recluido en el peor hospital psiquiátrico de América, ni fue privado de sus medicinas porque la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo panal de delitos de Femicidio evitó aquella ignominia que sólo se explica en el contexto del revanchismo y el genocirco.

Independientemente de qué opines sobre Ríos Montt, ¿ya te diste cuenta de los peligroso que es lo que hizo el Tribunal Primero B de mayor riesgo?  Si nadie debe ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio y si toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada, ¿viste lo peligroso y abusivo que es el hecho de que un tribunal ordene que no se te den tus medicinas, sin un dictámen médico previo?

No soy fan de Ríos Montt, pero al evitar que la guerrilla tomara el poder para establecer la dictadura del proletariado en Guatemala, evitó que mi generación y las que la siguieron crecieran en tiranías como la de Cuba y la de Venezuela.  No soy fan de Ríos Montt, pero si lo soy de las garantías individuales  contenidas en el capítulo I del título II de la Constitución.  ¡Nadie!, debe, ni debería ser privado de esas garantías; y ningún funcionario debería tener la facultad de privar a una persona de sus derechos, sin enfrentar algún tipo de responsabilidad.  Se nos olvida, con demasiada frecuencia, que la razón de ser del gobierno es proteger los derechos individuales de todos por igual.  Independientemente de para quién sea, la justicia no es revancha, venganza, ni vendetta; no es el odio canalizado.  Y quien evita la comisión de una injusticia, sirve a la justicia.

En este contexto, no está de más recordar algo que publicó El amigo de la Patria Num. 17 Fol 379, del 27 de febrero de 182…El establecimiento de jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas.

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