La conflictividad social que se vive en Santa Cruz Barillas no se relaciona con un problema comunitario. Lo que estamos viviendo es un problema político, ideológico y de lucha de poder, denunciaron los miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo de aquel municipio.
Esa es la respuesta a una paradoja engañosa: ¿Cómo es que la dirigencia popular en lugares como Barillas se opone a las hidroeléctricas; pero quiere energía eléctrica regalada y abundante? No hay tal paradoja. Denuncian los dirigentes de los Cocodes que la gente en aquellos lugares y la verdadera dirigencia comunitaria no objeta las hidroeléctricas; pero que hay organizaciones y personajes que –con el apoyo del establishment mediático– engañan a la opinión pública y no dudan en usar la violencia para hacer que prevalezcan sus demandas.
Los dirigentes de los Cocodes recordaron que en sus poblaciones se vivió el conflicto armado y advirtieron que esa misma amenaza se vuelve a vivir con el reciente conflicto. ¿Quiénes están detrás de las acciones violentas en Barillas? Denuncian, los Cocodes, que los medios de comunicación que no están de acuerdo con los grupos que se oponen a la hidroeléctrica se les amenaza con llegar a quemar sus instalaciones; pero medio como una radio comunitaria son usados por los opositores para llamar a la resistencia, cometer ilícitos, causar daños a la propiedad, e instigar a la persecución de los líderes comunitarios legalmente electos. A estas alturas del relato, me acordé de que en el conflicto entre tutsis y hutus Radio Ruanda y la RTLM fueron claves en azuzar la violencia.
No queremos que se generalice que en Barillas no queremos infraestructura ni desarrollo. El 99% de los barillences kanjobales y ladinos necesitamos y requerimos inversión en nuestro municipio, dicen los dirigentes. Son las autoridades del gobierno central y las autoridades municipales quienes deben velar por el cumplimiento de las normativas del resguardo del medio ambiente y nosotros también estaremos aportando control, añaden.
Este detalle es importante porque, como lo ha advertido el columnista Eduardo Mayora, la mentalidad predominante en Guatemala no reconoce el valor de las leyes como reglas de conducta y de organización; y no reconoce el valor del gobierno como ejecutor exclusivo de las leyes. En este peligroso estado de cosas –cultivado por autoridades abusadoras y élites irresponsables– se han encontrado agitadores profesionales con agendas políticas e ideológicas bien definidas. Nada bueno va a salir de esto; y menos si los pretendidos diálogos se hacen a la sombra de bloqueos de carreteras, amenazas de violencia, secuestros y otros actos similares.
El diálogo, por supuesto, es un buen remedio y un buen profiláctico contra la violencia; pero sólo el diálogo sincero, que no es lo mismo que la extorsión. El diálogo que no es para negociar la ley, ni es para negociar principios. En el diálogo, por ejemplo, no se puede pactar contra los derechos individuales para satisfacer las demandas de los grupos de interés.
Estos son los Diez Mandamientos del Diálogo, del Instituto sobre la Paz Global. Y propongo que, en lo que cabe, los adoptemos cuando dialoguemos.
- Honrar a los demás y escucharlos con sinceridad.
- Enfocar la agenda mientras se buscan los puntos comunes para el consenso, y reconocer la diversidad de puntos de vista.
- Abstenerse de intervenciones irrelevantes o inmoderadas.
- Reconocer las contribuciones de los demás en la discusión antes de relatar las observaciones propias respecto a las de ellos.
- Recordar que el silencio también habla; hablar sólo cuando se tenga una contribución que hacer.
- Identificar los puntos de diferencia críticos para una mayor deliberación.
- Nunca distorsionar los puntos de vista de los demás para promover el propio.
- Formular los acuerdos sobre cualquier artículo de la agenda antes de avanzar al siguiente.
- Sacar las conclusiones de un acuerdo para la política y acción de grupo.
- Agradecer a los colegas por su contribución.
Este artículo fue publicado en Mundo comercial, la revista de la Cámara de Comercio de Guatemala, Año 17, Edición 153 de octubre de 2013.
