Hoy leemos de que algunos de los beneficiarios de la deuda de arrastre o flotante -contratistas, ingenieros, y trabajadores de proyectos de Covial- se quejan de que:
-Ellos mismos financiaron las obras que hicieron; con dinero propio, o con préstamos que hicieron.
-Que se hallan en apuros financieros porque no hay modo que los pipoldermos les paguen.
Si bien es cierto que la Administración debe cumplir los contratos, también es cierto que los contratos deben ser legales y legítimos. En el caso de la deuda flotante esas legalidad y legitimidad deben ser esclarecidas antes de que los pipoldermos paguen un sólo centavo de los tributarios y antes de que los políticos y sus funcionarios endeuden a los tributarios. Tomando en cuenta, sobre todo, que la Constitución establece que el Prespuesto del Estado incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Si mucha, o parte de la deuda que esta a discusión no cumple con los requisitos constitucionales, esa deuda es ilegal e ilegítima y no debe ser pagada. Sin importar cuál sea la justificación. En todo caso, y cuando se trata del manejo de dinero de los tributarios, el criterio de pago debe estar relacionado con la legalidad del compromiso y con el cumplimiento de los procedimientos legales, y no con la posibilidad de que los beneficiarios de los negocios vayan a quebrar, o no.
Puedes ver el campo pagado que originó estas meditaciones en El periódico de hoy, página 15; hay otro, en otro tono, publicado en Siglo 21, página 7.
