“La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que en el 2005 decretó que a una persona juzgada por sistema indígena no se le puede volver a juzgar por el occidental, es el primer caso de reconocimiento del derecho maya.
Un hombre que fue acusado por la comunidad de haber robado un vehículo, pero que lo devolvió al ser descubierto, fue sentenciado por el sistema indígena a servicio comunitario y a reconocer su falta públicamente. Como era confeso, la Policía Nacional Civil lo detuvo, y el Ministerio Público pidió ocho años de cárcel para él.
Finalmente fue sentenciado por robo. La Defensa Pública Penal, asesorada por varias organizaciones, pelearon el proceso, y en casación, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que si ya había sido juzgado por un sistema, no podía volver a ser acusado.
Esta resolución sentó un precedente legal sobre la legitimidad del derecho indígena y su coexistencia con el oficial”, dice un reportaje de hoy y las negritas son mías.
Hasta aquí llega, oficialmente, la igualdad de todos ante la ley en Guatemala. Como están las cosas, si alguien se roba un carro ¡y lo devuelve al ser descubierto!, tiene dos opciones: se acoge el sistema occidental y corre el riesgo de pasar 8 años en la cárcel, o se somete al drecho maya y hace algunas tareas indefinidas luego de pasar una vergüenza. Usted, ¿qué preferiría?
Pero la cosa no se queda ahi. ¿Puede, un ladron ladino someterse al derecho maya? ¿Cuánto de sangre maya debe tener uno para someterse a la opción más benigna? Si el derecho maya es sólo para los mayas, ¿viola el principio de igualdad de todos ante la ley? Si asi fuere, de plano que es un privilegio. Y si lo fuere, ¡es un privilegio basado en la étnia! En esas condiciones, ¿es un privilegio racista? ¿Es excluyente?
Yo digo que sí. Es excluyente, es racista, es un privilegio y viola el principio de igualdad de todos ante la ley. ¿Qué ladrón atrapado, en sus cinco sentidos, no quisiera recibir la pena más benigna? y ¿Qué pasará si el ladrón vuelve a ser atrapado robando, o cometiendo algún otro delito?
Si la práctica de este “derecho indígena” está siendo promovida por la embajada de Noruega y por la gente de Cirma, ¡y avalada por la Corte Suprema de Justicia!, la muerte oficial de la igualdad de todos ante la ley, en Guatemala, ya tiene responsables.