La iniciativa de Ley 6534, que pretende otorgarle al Cuerpo de Ingenieros del Ejército las funciones de construcción, mantenimiento y rehabilitación vial —porque Covial y el MICIVI no pueden con las tareas—, es un desatino peligroso para la institución armada y para la administración estatal.
Dan grima las carreteras.
El Ejecutivo semillero/raicero debe cesar y desistir de tentar al Ejército con tareas que no le son propias y de tentar a los altos mandos castrenses con oportunidades de bisne. El Ejército, en la medida de su calidad de obediente y no deliberante, debe resistir la tentación que le está ofreciendo la Administración Arévalo.
Es un hecho que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de su unidad ejecutora Covial, muestra ineficiencia, corrupción histórica y falta de capacidad para mantener la red vial, agravadas por fenómenos climáticos normales y extraordinarios en Guatemala. También es un hecho que el Ejército ha demostrado capacidad operativa en intervenciones puntuales (por ejemplo, posdesastres como huracanes Eta e Iota, o rehabilitaciones recientes en rutas terciarias), gracias a su estructura jerárquica, equipo pesado y logística.
En estas circunstancias es evidente que el Ejército ofrece ventajas operativas claras: mayor disciplina y rapidez en ejecución comparada con entidades civiles burocratizadas; menor percepción de corrupción en comparación con algunos contratos civiles históricos; experiencia comprobada en emergencias. Por esos motivos y en el corto plazo, su participación en sacarles las castañas del fuego al MICIVI y a Covial podría generar resultados visibles y tangibles en una red vial deteriorada.
¡Pero! Coincido plenamente con la advertencia de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, que ha señalado peligros:
- Militarización de funciones civiles: Asignar de manera permanente tareas de mantenimiento vial al Ejército viola el principio constitucional de subordinación militar al poder civil y la especialización de roles. La Constitución guatemalteca (artículos 244 y siguientes) define al Ejército principalmente para la defensa de la soberanía e integridad territorial, no para obras públicas rutinarias. Esto abre la puerta a una expansión progresiva del rol militar en áreas civiles, un patrón observado en otros países de la región que ha debilitado la democracia.
- Desvío de la misión principal del Ejército: El Cuerpo de Ingenieros tiene capacidades valiosas, pero destinarlo sistemáticamente a mantenimiento vial resta recursos y enfoque a su preparación para amenazas de defensa real (narcotráfico transfronterizo, desastres mayores y más). Además, expone al Ejército a dinámicas de contratación pública, licitaciones y presiones políticas, lo que podría politizarlo o exponerlo a corrupción, erosionando su legitimidad.
- Falta de sostenibilidad institucional: Esta medida actúa como un “parche” que evita enfrentar las causas estructurales de la ineficiencia del MICIVI: falta de profesionalización técnica, debilidad en planificación, opacidad en contrataciones y subfinanciamiento crónico. En lugar de fortalecer la gestión civil estable —como recomienda ATAL—, se opta por una solución militar que puede generar dependencia a largo plazo.
- Precedentes regionales preocupantes: Experiencias en países vecinos muestran que ampliar roles militares en tareas civiles (seguridad pública, infraestructura) facilita abusos de poder y dificulta la desmilitarización posterior.
En The Soldier and the State, Samuel Huntington expuso la doctrina del control civil objetivo, que es pilar en una república sana. Según esta: el Ejército debe ser profesional, apolítico y especializado exclusivamente en defensa externa; asignarle tareas civiles (como mantenimiento vial permanente) lo expone a dinámicas políticas, contrataciones públicas y presiones partidarias, lo que erosiona su profesionalismo, lo politiza y lo debilita. En una república en construcción como Guatemala, esto es un retroceso que debilita la subordinación militar al poder civil, abre la puerta a una expansión progresiva de roles militares y a la corrupción de la oficialidad.
El Ejército, al manejar presupuestos para contratos de obra pública, se expone a clientelismo y opacidad, históricamente problemáticos en ministerios como el MICIVI; y esto puede erosionar su legitimidad y disciplina interna, como ya ha sucedido cuando el Ejército se ha metido a negocios.
El mejor ejemplo es el del Banco del Ejército creado en décadas pasadas como entidad financiera vinculada al Instituto de Previsión Militar. Su capital provenía principalmente de aportes del IPM y de oficiales militares. Operaba como banco comercial, ofreciendo servicios a militares y civiles, pero estaba bajo control institucional militar. En 2001 fue intervenido por la Superintendencia de Bancos debido a serios problemas de liquidez, irregularidades financieras, falta de solvencia y déficits significativos. Posteriormente fue absorbido por el Crédito Hipotecario Nacional en un contexto de crisis del sistema financiero guatemalteco. Este episodio ilustró los riesgos de mezclar funciones militares con actividades económicas: opacidad en la gestión, exposición a presiones políticas y eventual colapso financiero que afectó a depositantes y al erario público.
En resumen, el Ejército debe limitarse a su rol constitucional de defensa y apoyo en emergencias. Meterlo en el berenjenal de los bisnes viales es un error grave que Guatemala no puede permitirse: debilita la institución armada, pospone las reformas necesarias en lo civil y pone en riesgo la propia república.
