Hoy, a las 8:45 p.m. (Central Time) estaré en el noticiario de Canal Antigua; con mis amigos Marta Yolanda Díaz-Durán y Estuardo Zapeta.
Comentaré asuntos de actualidad y hablaremos un poco de la deinstitucionalización durante la administración de Los Colom/Torres-Espada.
Ahora que leo que habrá un viceministerio contra el narcotráfico; y que el Ministerio de Gobernación no descarta el uso de la fuerza en la medida que corresponda, contra el narco; me encuentro, también con que el Gobierno mexicano informó que 12,903 personas fueron asesinadas de enero a septiembre de 2011 en acciones atribuidas al crimen organizado, lo que representó un aumento del 11 % de los homicidios en comparación con 2010 y elevó a 47,515 la cifra total de estos crímenes desde diciembre de 2006 cuando empezó la guerra frontal (y perdida) contra las drogas en el país vecino.
¿Cómo nos irá a ir, a los chapines, si nos metemos de lleno en esa guerra? ¿Quiénes serán los oficiales del ejército que serán perseguidos, dentro de 40 años, por los excesos que se cometan durante esa guerra? ¿Quién pondrá los muertos?
En medio de una gran crisis económica y financiera, los tributarios europeos y estadounidenses pasan penas para conservar su nivel de vida, cumplir con compromisos, pagar deudas y encima pagar impuestos. Muchos de los cuales van a parar a los bolsillos de políticos, funcionarios y empresaurios corruptos e ineptos en Guatemala y en los países en desarrollo.
En aquellos tributarios pensé cuando leí que la falta de coordinación entre las dependencias del ejecutivo, la excesiva burocracia y la ausencia de controles en la eficacia de determinada ayuda internacional, entre otras disfuncionalidades, desmotivan a los cooperantes.
Sobre este tema me acaban de recomendar Blanco negro busca a negro pobre; que no he leído, pero se ve bueno.
Si yo fuera tributario de un país cooperante, en el cual hubiera estado de derecho, exigiría que cesara el uso de mis impuestos para financiar regímenes corruptos e ineptos como el de Los Colom/Torres-Espada. ¿Y tú?
Ayer, martes, el abogado Moisés Galindo presentó una querella contra el presidente, Alvaro Santa Clos Colom, por su presunta responsabilidad en la comisión de varios delitos constitucionales que dejaron sin vigencia el acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento y funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Yo he criticado a esa comisión; y los lacayos de Santa Clos dicen que no hubo ilegalidad alguna; pero, ¿qué hay detrás de la omisión presidencial y de la querella?
Galindo explica que la omisión presidencial fue con dolo y que el Presidente violó la Constitución con la clara intención de dejar a la CICIG fuera de toda posibilidad de investigar los actos de corrupción cometidos durante la administración de Los Colom/Torres-Espada. Supuestamente, a partir del 14 de enero próximo, la CICIG podría econocer cualquier acusación de corrupción que se hiciera contra la administración que preside Colom, con base en un acuerdo suscrito el 7 de octubre de 2011 entre el comisionado, Dall´anese con la Contraloría General de Cuentas.
Galindo justifica su querella en el hecho de que el Presidente, conociendo el procedimiento que ordena la ley, y como se había realizado anteriormente con los decretos 35-2007 y 20-2009, sólamente envió a publicar en el Diario de centro América, el 2 de septiembre de 2011, el Instrumento de Ratificación, sin que el Congreso de la República hubiese autorizado cicha prórroga, como lo estipula el artículo 183, k, de la Constitución.
Por tal motivo, Galindo sostiente que desde el 5 de septiembre de 2011, la CICIG actúa como un cuerpo paralelo ilegal; y todo lo actuado por ella es nulo ipso iure. Asunto que Santa Clos conocía y, aún así, omitió solicitar la prórroga al Congreso. Ello con el propósito, premeditado, de preparar una futura neutralización de la CICIG ante cualquier acción por actos de corrupción durante su administración.
Galindo expone, en su querella, que las violaciones contra la Constitución no sólo se manifestaron en la prórroga de 2011 a 2013; sino que también existen en la prórroga de 2009 a 2011 lo que, a su juicio, podría anular todos los procesos penales en los que actuó aquella comisión.
En la primera prórroga, Colom ratificó el insturmento de prórroga el 28 de mayo de 2009 sin que existiera, previamente, una ley que la aprobara. Asunto que fue corregido por la presión del ex comisionado Castresana; y el 16 de julio de 2009 se emitió el decreto 20-2009; por lo que se violo el artículo 183, k, de la Constitución, que manda que el Congreso debe autorizar previamente a que se ratifique cualquier convenio, o tratado internacional.
La violación no quedó en ese hecho, sin que, además, Colom ocultó esa ilegalidad y nunca mandó a publicar en el Diario Oficial el instrumento de ratificación, para no poner en evidencia que había ratificado sin tener la autorización del Congreso, por lo que nunca entro envigencia dicha ratificación, como lo ordena la ley, para el período 2009-2001.
Recientemente, el 2 de septiembre pasado, fue publicado en el Diario de Centro América el instrumento de prórroga de la CICIG para 2011-2013, sin que el Congreso emitiera la ley correpondiente que hubiese autorizado al ejecutivo para dicha ratificación.
El secretario general de la Presidencia, Carlos Larios , opina que la Carta de Entendimiento suscrita entre el Estado de Guatemala y la ONU es suficiente para prorrogar el funcionamiento de la comisión en el país; y que, por lo tanto, no hay necesidad de que Colom remita una iniciativa de ley al Congreso para su ratificación.
He aquí un reporte de CNN al respecto.
