Veinte entidades que se identifican como organizaciones no gubernamentales solicitan acceso al dinero de los tributarios por medio de la facultad expoliatoria del estado y del presupuesto de la administración. Y yo digo: si tienen la posibilidad de hacer uso del poder público y de la ley para tomar dinero ajeno por la fuerza, no deberían llamarse organizaciones no gubernamentales.
¿Vas a creer? El pomposo Consejo Económico Social quiere Q10 millones; Flacso y la Fundación Esquipulas, que tienen agendas políticas muy específicas y hasta personalistas, entre ambos quieren Q5 millones; Fundabiem, la de la Teletón, quiere Q15 millones; Fe y Alegría, de los jesuitas quiere 62.2 millones; un Grupo Guatemalteco de Mujeres, ¿?, quiere 1 millón; Unaerc quiere la friolera de 496 millones; Caritas de Guatemala, de la Iglesia católica quiere Q20 millones y así sigue la lista.
Todas estas, si se les conceden, serían transferencias políticas de recursos. Vale decir que no se cuestiona la calidad y el valor humanitario de la obra que algunas de estas organizaciones hacen (Margarita Tejada, Olimpiadas especiales, Liga contra el cáncer, o los Bomberos voluntarios para citar unas); pero si es cuestionable que usen la etiqueta de ONG cuando usan al estado para extraer recursos de los tributarios. Esta es una mala práctica no sólo porque se presta para favores políticos, sino porque perpetúa el sistema de expoliación y desvirtúan el concepto de organizaciones privadas voluntarias de servicio.
Por mi parte, nunca, nunca colaboro económicamente, ni de otra forma con organizaciones de esta naturaleza.
La ilustración es de Prensa Libre.
