Marlene Blanco es la nueva directora de la Policía Nacional Civil; y yo no había escrito nada sobre su nombramiento porque quería darle el beneficio de la duda. Sin embargo, hoy me decepcionó. Leo que la Directora advirtió que sólo hay 23 agentes a cargo de la seguridad de los 350 mil habitantes de la ciudad de Quetzaltenango; por lo que “pidió a sectores sociales que se organicen, para prevenir hechos de violencia”.
Yo digo que, si la razón por la cual tenemos gobierno es ¡precisamente! para que proteja nuestras vidas, libertades y propiedades -y que nos de seguridad-, la petición de Blanco es improcedente y peligrosa.
Si las personas tienen que organizarse para prevenir la delincuencia, ¿qué sentido tiene que haya 23, o 230 policías en Quetzaltenango? ¿O en cualquiera otra parte? Si los policías son los secuestradores, asesinos y extorsionistas, ¿qué sentido tiene que haya 23, o 230 de ellos?
La única razón por la cual se justifica la existencia del gobierno es que las personas renunciamos (condicionadamente) a nuestro derecho a defendernos de la delincuencia; y le entregamos al gobierno el monopolio de la fuerza coercitiva para que, en aras del orden, sea él quien nos defienda de la criminalidad. Si el gobierno es incapaz de cumplir con ese mandato, y si sus fuincionarios nos devuelven aquella facultad, ¿para qué queremos PNC y todo eso?
¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales renunciamos a nuestro derecho a defender nuestras vidas, libertades y propiedades por mano propia?
1. Que las autoridades a las que se lo entregamos estén sometidas a la majestad de la ley;
2. Que las autoridades cumplan con el mandato que tienen.
Marlene Blanco recomienda que las personas “no permitan que un grupo de delincuentes se lleven el dinero que se ganan con el sudor de su frente”.
Si así es la cosa…está bien. Pero entonces, la administración debe hacerse a un lado y no estorbar, porque el costo del tener gobierno es demasiado alto. A los ciudadanos honrados se les debe reconocer el derecho a defenderse; deben explorarse otras formas de proporcionar seguridad ciudadana sin que la administración pretenda tener ese monopolio.
