El Congreso de la República fijó un plazo para que su Comisión de Relaciones Exteriores dictaminara para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; pero con buen tino, la Comisión se lo ha tomado con calma.
La prisa es sospechosa porque en un Congreso en el que se entretiene la nigua, aún en el caso de piezas de legislación de alguna importancia, ahora resulta que hay que acelerar la aprobación de la CICIG. Es sospechosa, pero no extraña porque detrás de las exigencias en torno a la citada comisión están la Organización de las Naciones Unidas y toda la fuerza extorsionista de los “países amigos de Guatemala”. Ya los oigo decir: “Si no aprueban la CICIG, ya no les damos ayuda”.
En aquella dirección hay dos características que han marcado a esta comisión desde su engendro: la primera, fue el secreto absoluto en el que se mantuvo el acuerdo entre la ONU y el gobierno. El sigilo era para evitar que el texto fuera conocido, y por lo tanto, discutido por los guatemaltecos. Los promotores habían aprendido, después del fracaso de la Comisión Internacional de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, que airear los defectos del acuerdo y de la comisión, iba en contra de sus intereses.
Aunque el acuerdo ya había sido depurado de las inconstitucionalidades que habían hecho inviable a la CICIACS, los promotores no consideraron que la transparencia fuera prudente hasta no estar seguros en la Corte de Constitucionalidad.
La segunda, ha sido esta prisa por conseguir que el acuerdo sea aprobado por medio de la ley correspondiente. En parte esto es para evitar que continúen las discusiones sobre la comisión; pero en parte, también, es porque las cosas hay que hacerlas en caliente. No vaya a ser que alguien empiece a hacer preguntas incomodas.
Una de esas preguntas es que, si el objetivo de la CICIG es “determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala”, ¿qué, exactamente, son un cuerpo ilegal de seguridad y un aparato clandestino de seguridad?
“La existencia de estructuras como las que investigará la CICIG significa un serio obstáculo para el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho en Guatemala”, dijo Nicholas Howen, Secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, en un documento que repite y repite la frase, sin especificar, nunca, a qué es lo que se refiere exactamente. Y el acuerdo firmado por la ONU y el gobierno chapín, hace lo mismo. Nadie aclara qué son un cuerpo ilegal de seguridad, o un aparato clandestino de seguridad.
Con una puerta así de ancha, ¡¿qué no cabe ahí?! Este es el tipo de cosas que la ONU, el gobierno, y los “amigos”, deben definir y transparentar antes de que el acuerdo sea aprobado para su discusión en el Congreso.
Otra ventana abierta peligrosamente, es la de los privilegios que crea el acuerdo, y los que pudiera crear la ley de la comisión. En su anterior versión el acuerdo exoneraba de impuestos a los ejecutivos chapines que trabajaran en la comisión. Ese abuso no está incluido en el nuevo acuerdo y se limita sólo para el personal extranjero, según las prácticas internacionales; ¡pero tampoco está expresamente excluido! De modo que, ¿qué les impediría a algunos diputados serviles “quedar bien” y restaurar aquel privilegio de no pagar impuestos?
Casi no hay día de Dios en el que no salga algo sobre la CICIG en alguno de los diarios del país; y la presión, para los diputados, ha de ser grande. Pero también es grande su compromiso con el estado de derecho, con los electores y los tributarios. En vez de crear un nuevo elefante blanco; ¿no sería mejor hacer que funcionen las instancias que ya existen tales como la policía, los tribunales de justicia y el Ministerio Público?
Publicada en Prensa Libre el sábado 2 de junio de 2007.
