Llegó la hora límite para escribir este artículo y no encontré la cita que necesito. Hace ratos leí algo así como que si le das al gobierno poderes extraordinarios durante una emergencia, los políticos inventarán emergencias para conseguir poderes extraordinarios. La idea viene como anillo al dedo como consecuencia del incendio del basurero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Nombre imposiblemente más irónico para tremendo foco de contaminación y su relación supuesta con la protección del ambiente.
Para hacer la historia corta, el tema es que agarró fuego aquel vertedero y, como consecuencia, la calidad del aire en buena parte de la ciudad de Guatemala está fatal. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el incendio fue intencional y ya fue puesta una denuncia en el Ministerio Público.
Lo que interesa para estas meditaciones es que la Conred le solicitó al presidente Arévalo que declarara un estado de calamidad pública debido al incendio y a la contaminación; que el Ministerio de Educación suspendió clases en Escuintla, Guatemala y Sacatepéquez; y que los pipoldermos solicitaron Q. 110 millones para manejar a su antojo con el pretexto de combatir el incendio del basurero y otros que hay en el país que, afortunadamente no obtuvieron. Entonces fue que me acordé de la frase del primer párrafo de estas meditaciones y que, en 2020, los semilleros y sus aliados se contaban entre los más entusiastas de los encierros forzados y del uso de mascarillas (aunque fueran mal usadas).
El estado de calamidad es un régimen de excepción mediante el cual la administración, o los pipoldermos (como quieras llamarle) se atribuye la facultad de violar garantías constitucionales de forma legal (más no legítima; por eso es que los estados de excepción son anticonstitucionales). ¿Por ejemplo? Cuando está en vigencia un estado de calamidad, la administración puede limitar tu derecho de libre locomoción. Puede cambiar o mantener tu lugar de residencia, puede establecer cordones sanitarios, limitar la circulación de vehículos e impedir la salida o entrada de personas en la zona afectada. La administración puede impedir concentraciones de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones. En corto, puede prohibirte hacer lo que la ley (Nomos) no prohíbe, mediante legislación (Thesis) y arbitrariedad. ¿Te acuerdas en el 2020 cuando algunos alcaldes (sin tener facultades legales para hacerlo) prohibían el ingreso de personas a sus municipios? Podían hacerlo -con impunidad- porque la administración había decretado estado de excepción y tenían la fuerza para hacerlo, al margen del derecho.
Lo de la suspensión de clases en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez es otra arbitrariedad enorme como de aquí a Pinula. Es cierto que en centros escolares aledaños al basurero de AMSA el hedor y la contaminación han sido espantosos; pero en una sociedad de personas libres a quienes les hubiera correspondido decidir enviar o no a los niños a la escuela o al colegio es a los padres o encargados. Si algunos padres, o encargados hubieran querido una acción colectiva, la decisión de tomarla correspondería a un acuerdo entre padres y la dirección de las escuelas o colegios involucrados. Eso hubiera sido en una sociedad libre, pero en una estatista, colectivista y autoritaria como la chapina, la orden vino de orden superior.
Este tipo de ordenes autoritarias tiene muchas desventajas porque son arbitrarias. Tengo dos hipótesis sobre su origen: la primera es que se originó entre los maestros sindicalizados que, no queriendo ir a dar clases en condiciones desagradables y adversas (con razón, consiguieron una disposición generalizada para no tener que hacerse responsables). La segunda es que la gente siempre espera que la administración haga alg” y pues, hizo algo. Prohibir es algo que toda administración puede hacer para satisfacer a su clientela y para cumplir con el principio precautorio (que es enemigo de la libertad y de la responsabilidad individual). Por otro lado, ¿en serio los niños respiran aire menos contaminado en casa que en la escuela?
Como mencioné arriba, a la administración semillera le gustan los encierros forzados. La diferencia de los encierros del 2020 con los de ahora es que durante aquel abuso los padres estaban en casa para atender a los niños que se quedaban sin ir a la escuela o al colegio. ¿Alguien pensó en el brete en el que metían a muchos padres o encargados si sus niños no salían a estudiar? No todos los padres, o encargados pueden quedarse una semana con sus hijos y no todos tienen personal para cumplir esas funciones.
¡Hasta los semilleros saben que hay que decirles que no a los estados de calamidad, porque se prestan para que los pipoldermos roben! Durante el estado de excepción, ministerios y otros centros de costos para los tributarios (que sos tú, no te confundas) pueden comprar bienes, suministros y servicios, así como hacer contrataciones sin cumplir con los requisitos de la legislación de contrataciones. Y, por arte de magia, en medio de la calamidad, los pipolermos que se distinguen por actuar sin coordinación, sin conocimientos, mediante la coacción y muchas veces de forma venal van a ser transparentes, probos y van a actuar solo con el bien común como faro para guiarlos.
Dicho todo lo anterior, ¿sabes qué si hace falta? Determinar si los incendios han sido causados a propósito y por quiénes. ¿Sabes qué más? Reconocer que crisis como la del vertedero de AMSA las cría la Administración desde el estatismo y luego las quiere resolver con más estatismo, porque así va a haber más presupuesto y porque los tributarios no terminan de entender que -en última instancia- ellos son los que pagan con los impuestos que les quitan los pipoldermos.
Urge, para ya, la desestatización de la basura; y urge, para ya devolverles a los padres y encargados la libertad de decidir sobre la educación de los niños; y urge, para ya, desactivar esa arca abierta y ese nacedero de arbitrariedad que puede ser un estado de calamidad.
Columna publicada en República.
