El Congreso de la República acaba de aprobar reformas al Código Penal y a la Ley contra el crimen organizado y aumentó las multas y penas de prisión para los responsables del robo de energía eléctrica, agua, o gas, así como para quienes cobren y recauden dinero derivado del suministro de fluidos sin estar autorizado por el distribuidor legítimo y de cuya red provenga aquel suministro.
No está de más el aumento de la severidad de las penas; pero…¿de qué sirve que las penas sean aumentadas si los jueces no se atreven a imponerlas, si el Ministerio Público no es capaz de probar la existencia de los delitos y si la policía no se atreve a ir a traer, enchachados, a los ladrones de fluidos?
Paul-Charles Chocarne-Moreau (1855-1931), dominio público, via Wikimedia Commons
Y aguanta que grupos políticos opositores dicen que la nueva legislación es una forma de represión.
En cualquier comunidad, o sociedad civilizada, el hurto es inmoral porque implica tomar algo que le pertenece a otra persona sin su consentimiento, el robo es más ominoso porque a aquella acción se le suma el uso de la violencia. El hurto y el robo violan el derecho de propiedad de la persona afectada y se considera una violación de los principios morales básicos que hacen posible la paz y la cooperación social.
El hurto y el robo tienen consecuencias negativas tanto para la persona que los comete como para la persona que es robada y para la sociedad en general. Para la persona que comete el hurto y el robo, aquellas acciones deben tener consecuencias legales y sociales negativas, tales como la posibilidad de enfrentar sanciones penales, y la posibilidad de ser identificados como delincuentes en la comunidad, o en la sociedad.
¿Qué dice de nosotros, como sociedad, el hecho de que nunca faltan defensores oficiosos de los ladrones de fluidos? Defensores que incluso llegan a afirmar que la electricidad, por ejemplo, es del pueblo; y a asegurar que quienes la toman sin permiso y cobran por ella, sólo toman lo que les pertenece porque ellos son el pueblo. ¿Qué dice de nosotros, como sociedad, el hecho de que muy pocos se atreven a identificar como ladrones, a quienes roban fluidos como la electricidad porque que pena, o porque no es políticamente correcto? ¿Qué dice de nosotros, como sociedad, que haya grupos de personas que aplaudan el financiamiento político por medio del robo de fluidos?
Para la persona natural, o jurídica que es robada, el robo tiene consecuencias emocionales y financieras, como la interrupción de sus planes o proyectos, o daños y perjuicios económicos. En general, el hurto y el robo socavan la confianza y el respeto mutuo entre las personas, lo que tiene un impacto negativo en la sociedad en su conjunto. El hurto y el robo minan las posibilidades de paz y de cooperación social.
La certeza de aplicación de las penas es más efectiva para combatir la delincuencia que las penas elevadas por sí solas. Aunque las penas elevadas pudieran ser disuasorias, su efectividad -a largo plazo- depende en gran medida de que los delincuentes crean que serán capturados y castigados por sus acciones delictivas.
Si la aplicación de las penas es inconsistente, o rara vez se impone, los delincuentes pueden tener la impresión que hay pocas probabilidades de que sean capturados y, por lo tanto, pueden estar más dispuestos a arriesgarse a cometer delitos. Por otro lado, si los delincuentes ven que es probable que sean capturados y castigados, es más posible que se abstengan de cometer delitos.
Columna publicada en elPeriódico.
