El cuerpo sin vida de Sharon Figueroa Arriaza, una niñita de 8 años que había desaparecido cuando jugaba en bicicleta en el patio de su casa, apareció en Melchor de Mencos, Petén.
Anoche fueron encontradas la bicicleta y la ropa de la pequeña y hoy fue hallado su cadáver. Al momento de que escribo estas líneas dolorosas, no se sabe con certeza la causa de la muerte de la menor (posiblemente fue asesinada). Las autoridades hicieron dos allanamientos, capturaron a una mujer que podría estar involucrada y recién se supo que un grupo de personas le pegó fuego a la casa donde fue capturada la sospechosa de haber participado en el asesinato de Sharon.
¿Puede haber justicia para Sharon?
Desde alguna perspectiva la respuesta es No. Nada le devolverá la vida, nada aliviará el miedo y el dolor que pudo haber sentido entre el momento en que fue sustraída y el de su último aliento, nada será igual para sus seres queridos. Pero, ¡Ah!, los autores de los delitos cometidos contra Sharon deben enfrentar las consecuencias jurídicas de sus actos criminales y abominables. ¡Ah!, todo el peso de la ley debe caer sobre los que planearon, ejecutaron e hicieron posible la sustracción, la muerte prematura y todo lo que haya ocurrido en medio cometidas contra la niñita. ¡Ah!, si las consecuencias jurídicas posibles correspondientes a los delitos cometidos contra Sharon incluyen la pena de muerte en cualquiera de sus formas de acuerdo con la ley vigente y sin violar el debido proceso, a ningún juez debe temblarle la mano, y hay justicia para la chiquilla.
Sujetos como los asesinos y violadores de Hillary Arredondo y de Sharon Figueroa, así como los de otros niños y niñas que han sufrido, o sufran la misma suerte horrible, merecen las penas máximas contempladas en la ley, de acuerdo con las garantías del debido proceso. No sólo porque así lo establece la legislación, sino porque sujetos como aquellos, cuando cometen crímenes espantosos actúan como si fueran bestias salvajes (así lo explica John Locke), rompen horriblemente la confianza en la que se basa la cooperación social, violan los principios morales básicos que hacen posible la sociedad y se ponen en guerra contra sus víctimas (y la commonwealth, en palabras de Locke), renunciando así a sus derechos, de tal modo que las penas en general y la pena de muerte en particular, se derivan del derecho de auto-preservación.
Por supuesto que, desde una perspectiva más amplia y profunda, lo que nos urge a los chapines es discutir y acordar una reforma judicial que sirva a la justicia, y no una que sirva al ejercicio del poder. Nos urge apoyo político, presupuestario y de capacitación a todo el sistema de seguridad y justicia: la policía, el Ministerio público, los tribunales y el sistema penitenciario.
