Hoy que circula un vídeo de tres jóvenes siendo azotados e interrogados en un contexto indígena, tengo la impresión de que se han incrementado no sólo las demandas para una asamblea plurinacional constituyente, sino que también cierto apoyo para aquella pretensión.
El jueves 4 de febrero, por ejemplo, fue publicado un anuncio que busca consultores, empresas u ONG para aprovechar las experiencias y empoderar a los pueblos indígenas para que desarrollen y gobiernen sus territorios con bases en sus principios de desarrollo, prácticas tradicionales y respeto de sus derechos; y para, entre otros objetivos, estudiar el fortalecimiento institucional y gobernanza de las autoridades tradicionales; hacer estudios y análisis de economía política, y así.
Un anuncio publicado en Facebook, que luego no puede encontrar, convocaba para el jueves 28 de enero a una reunión titulada Asamblea Plurinacional Constituyente, ¿Una opción para un nuevo Estado? Tuve la impresión de que se trataba de un encuentro de formación para jóvenes y para el liderazgo transformador a nivel nacional.
Desde al año pasado, algunas organizaciones han tratado de organizar jornadas de lucha y movilizaciones para conseguir transformaciones estructurales y un estado plurinacional.
Con respecto al vídeo y a la naturaleza de las autoridades indígenas, cabe comentar que la tortura es el acto de infligir dolor y daño físico o psicológico por parte de una autoridad pública, o de alguien amparado por ella, con el fin de dar castigo, obtener información o de conseguir “pruebas” para esclarecer un un delito.
En referencia a las penas corporales, Eugenio Cuello Calón, en Derecho penal, dice que las penas corporales, como mutilaciones y azotes, se hallan en pugna con los sentimientos de humanidad, han desaparecido de las legislaciones modernas y su aplicación causaría un efecto desmoralizador. Estas penas rebajan a las personas a la categoría de animales y las dejan a merced de otras personas.
¿Hacia dónde llevan a Guatemala?