El Ministerio de Salud publicó las nuevas prohibiciones y regulaciones que, según los políticos y burócratas a cargo, servirán para contener el covid-19. Lo cierto, sin embargo, es que son medidas inconstitucionales que parecen bandazos, golpes de timón o palos de ciego para que se diga que están haciendo algo.
Un bandazo es un movimiento brusco hacia un lado, un golpe de timón es darle a la nave un cambio brusco de dirección y dar palos de ciego es hacer algo sin saber muy bien cómo hacerlo; titubeando, dudando, y sin un rumbo fijo… con pocas probabilidades de éxito final.
Primero era que los mercados sólo podrían estar abiertos hasta las 2:00 p.m. y luego que hasta las 5:00 p.m. Ahora resulta que los que ejercen el poder fuerzan el cierre de supermercados y centros comerciales a partir de las 7:00 p.m. También limitan acceso a ríos, lagos y playas. Establecen ley seca, limitan asistencia a entierros y bueno…ya sabes. La cosa es limitar, prohibir, regular y controlar.
¡Pero todo esto es una ensarta de abusos! Las disposiciones del Ministerio, que ultimadamente son del Organismo Ejecutivo, son inconstitucionales y anticonstitucionales. Son inconstitucionales porque la autoridad no podría hacer tamañas regulaciones sin acudir a la ley de orden público y a un estado de excepción que requeriría de una aprobación por parte del Congreso; y es anticonstitucional porque si el propósito de la Constitución es proteger los derechos individuales y limitar el poder de los gobernantes, un acuerdo -o incluso la ley de orden público- que amplía los poderes de los gobernantes y limitan los derechos individuales violan la naturaleza y el espíritu constitucional.
Un ministerio no tiene la facultad de limitar derechos individuales. ¡Sólo no! Es cierto que el Código de Salud faculta al Ministerio a tomar medidas en cumplimiento; pero el Código es claro con que esas medidas deben ser de acuerdo con la ley, y eso incluye la ley constitucional.
Para más INRI, los acuerdos como el citado son emitidos por políticos y burócratas que tienen sus ingresos mensuales asegurados (ya sea que trabajen, o no y a costa de los tributarios), contra personas y familias cuyos ingresos dependen de la productividad, de las ventas y de los servicios que no pueden hacer, o prestar porque les está prohibido; y a los tributarios se les cobran impuestos aunque no puedan trabajar, ni producir porque les ha sido prohibido.
Las prohibiciones como las citadas, que asfixian a las personas productivas, en realidad no son sostenibles; pero los efectos en materia de descontento y de hostilidad contra las autoridades son peligrosos. ¿Cuánto más van a estirar la pita?
Los bandazos, golpes de timón y palos de ciego van a tener costos en las vidas de muchísimas personas; y van a tener costos institucionales. Los políticos y burócratas están jugando con fuego, azuzados, claro, por grupos que están prestos a pescar en río revuelto y que medran en aquellos descontento y hostilidad.
Desde marzo pasado -con todo el dinero que pidieron- los pipoldermos fueron incapaces de aumentar la capacidad gubernamental de atender enfermos de covid-19: y ahora pretenden responsabilizar a las personas por su inutilidad. Pero lo cierto es que los casos confirmados se mantienen, o han disminuido (luego de la subida natural como consecuencia de los asuetos de fin de año).
¡Bola de ñaques!
