Me entero de que la nueva admistración tiene como prioridad la aprobación de una forma de legislación para promover la competencia; y otra para exonerar de impuestos por 100 años a nuevas empresas, con la condición de que 9 de cada 10 empleados sean guatemaltecos. Ambas son ideas malas…pero pueden ser evitadas y superadas.
El mercantilismo clama por la intervención del poder en favor de su clientela. La ilustración la tomé de Facebook.
La primera iniciativa, por cierto es del Ejecutivo; y la segunda salió del Congreso, en boca de la bancada Prosperidad ciudadana.
En realidad, la legislación para promover la competencia se debería llamar legislación para la anticompetencia. Por un lado obstaculizará la creación de nuevos emprendimientos (que curiosamente es el objetivo de la segunda legislación que nos llama la atención) y por otro creará nuevos incentivos para la arbitrariedad (y por ende para la corrupción) entre políticos y burócratas.
La legislación para la competencia tiene sus raíces en el pantano de las ideas de que el mercado no es como debería ser; que las personas no toman las decisiones que deberían tomar y de que necesitan de un gobierno niñera para que diseñe como deben ser las cosas.
Para efectos de estas meditaciones supongamos que sí, que sí es cierto que hay que promover la competencia. ¿Por qué en vez de regular, restringir e imponer elecciones y conductas al antojo de los legisladores, los políticos y burócratas no se busca otra vía? Digamos: eliminar barreras de entrada a los mercados, y eliminar la pléyade de requisitos, mecanismos, licencias, trámites, arbitrios e impuestos que deben enfrentar los nuevos emprendimientos, y eliminar cualquier legislacion proteccionista que haya por ahí.
En cuanto al impuesto, la realidad es que el impuesto sobre la renta se debería llamar impuesto sobre los rendimientos del capital; pero no se llama así por la misma razón que la legislación sobre salario mínimo, no se llama legislación para mantener desempleados a los jóvenes sin experiencia.
Como el capital no sólo es la riqueza neta (activos menos pasivos), sino que incluye las herramientas, edificios y todo lo necesario para generar un proceso de produccion con mayor productividad. Cuando un impuesto castiga el ahorro (que es la fuente del capital), ese tributo impide la multiplicación y mejora de las fuentes de productividad…y de más y mejores empleos, con lo que no sólo no crece, o disminuyen las fuentes de trabajo, sino que impiden que mejoren los salarios.
El impuesto a los rendimientos del capital, mal llamado impuesto sobre la renta, dificulta el ahorro y ya ves lo que pasa. Si uno quisiera, de verdad, multiplicar los empleos productivos, debería eliminar el citado impuesto.
La legislación propuesta, en cambio, no sólo no resuelve el problema de fondo sino que crea una perversión que debería ser inaceptable: crea un privilegio y por lo tanto impide la igualdad de todos ante la ley. Crea un grupo de privilegiados que no pagarán impuestos durante 100 años, mientras que todos los demás que si tienen que pagarlos. Crea categorías de hijos y entenados. Yo digo que en vez de multiplicar los privilegios, deberíamos eliminarlos todos.
Desde el poder, la tentación de diseñar y establecer una realidad al gusto de políticos, burócratas y sus clientelas es grande; pero debe ser resistida. Resistida para proteger un mercado sano y sin privilegios con el propósito de acabar con la pobreza y con sus consecuencias.
Para mejorar la competitividad no hay que legislar, hay que deslegislar, para así facilitar la entrada a nuevos competidores. Lo que se debe garantizar es que las empresas puedan continuar operando si cumplieron con los requisitos, y no que por medio de amparos les cierren