De entre un grupo de seis candidatos –electos por una comisión constitucional de postulación y de acuerdo con procedimientos razonables– el presidente Morales eligió a María Consuelo Porras como fiscal general.
Debido a que a la Fiscal general le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, la funcionaria recién electa es la más poderosa del país. Esto es porque de forma excluyente y de oficio puede iniciar, contra ¡cualquiera! un proceso judicial que devenga en prisión a partir de la supuesta comisión de un delito. Ese poder es formidable.
Porras recibió la mayor puntuación en la postuladora, tiene experiencia en lo penal, es magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad y no veo motivo para pensar que no podría hacer un trabajo excelente. Como en esta elección hay mucho poder en juego, no es de extrañar que tirios y troyanos tuvieran sus preferidos; y si no ganó el candidato de unos, u otros, ¿qué se va a hacer?
La nueva jefa del MP tendrá que decidir cuál va a ser su relación con la también poderosa CICIG. Esta comisión no ejerce la acción penal pública; pero tiene la facultad de aconsejar al MP sobre qué acciones iniciar y tiene la facultad de investigar y armar los casos para la fiscalía. Lo malo es que, con todo ese poder, no es responsable ante los votantes, ni ante los tributarios; y no tiene pesos, ni contrapesos dentro del sistema republicano. Además, ha sido cachada en múltiples gaffés (que sospecho que no son no intencionados), tantos que han llamado la atención de la Comisión Helsinki y del senador Mike Lee entre otros actores de esa talla, importantes porque los tributarios de los EE.UU. son los principales financistas de la CICIG.
¡Parabienes a la fiscal Porras! porque mi futuro, y el de la gente que vive en este país donde está enterrado mi ombligo, depende en buena parte de su gestión exitosa. Y estoy seguro de que va a serlo si actúa como una jurista con arrestos, y entiende el valor del respeto a los derechos individuales y el de la igualdad de todos ante la ley; así como el del debido proceso y la presunción de inocencia.
Columna publicada en elPeriódico, de donde es la foto.
