Es perturbador que, en la exposición de motivos de la iniciativa de legislación sobre la alimentación escolar -en Guatemala- los ponentes parten de la premisa de que la responsabilidad de que comprar la refacción escolar es principalmente de los políticos y funcionarios que controlan la educación estatal y que estos la delegan en los padres de familia. Se cuenta con un programa descentralizado que delega la responsabilidad de la compra de la refacción escolar a los padres de familia, dice dicho documento.
Más perturbador es que aquella premisa se vuelve concreta en una serie de artículos que no sólo se aplican a la educación coercitiva en manos de políticos y burócratas (o sea en las escuelas estatales), sino que se extiende a colegios privados.
Los propósitos de aquella normativa son: regular la alimentación escolar, que es lo mismo que someterla a criterios políticos y burócráticos, que más de una vez serán ajenos a los criterios de los padres de familia. Promover hábitos alimentarios saludables, de acuerdo con criterios políticos y burocráticos,…como si los criterios políticos y burocráticos en muchísimas otras áreas fueran dignos de respeto. Asegurarles un excelente estado nutricional a los estudiantes…como si los políticos y funcionarios pudieran asegurar el excelente estado de las carreteras, de las escuelas, de los hospitales y ¿sigo? Promover estilos de vida saludables mediante una alimentación sana, definida, esta, con criterios de políticos y funcionarios; esos políticos y funcionarios que normalmente criticamos por ineptos y corruptos. Los que compran y administran medicinas vencidas, por ejemplo. Los políticos y funcionarios quieren el poder para decidir qué se vende y qué no en las tiendas, cafeterías y comedores escolares.
Esta legislación, evidentemente socialista, viene con su dotación de privilegios y canonjías para la clientela de los políticos y burócratas. Trae políticas y estrategias de fomento, compras, incentivos fiscales, y ya sabes: trae las usuales fuentes de corrupción.
Da algo de risa; pero no debería de darla, el hecho de que entre los principios de la ley está incluida la equidad de género. ¿Cómo así? ¿Niños y niñas deben comer lo que mandan los políticos y funcionarios sin importar qué es lo que les gusta, o qué prefieren los padres individualmente? Cualquier distinción, exclusión o restricción impuesta por motivo de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición que tenga como consecuencia u objetivo obstaculizar o restringir el ejercicio del menor de su derecho a la alimentación, sería delito. ¿Cómo así? ¿No se van a respetar las preferencias alimentarias culturales de los estudiantes individuales y de sus padres en las escuelas y colegios? ¿Qué preferncias son excluyentes: la dieta paleo, la dieta Atkins, las costumbres kosher, las mías, o las tuyas? ¿Cuáles preferencias serán forzadas por los políticos y funcionarios?
Cuando yo iba al colegio hubo dos períodos en que mis refacciones escolares eran espectaculares: En Primero y Segundo básicos, cuando a mis padres les dio por preparar sandwiches deliciosos con una gran variedad de ingredientes. Así conocí el corned beef y el pastrami, por ejemplo. El segundo período espectacular fue en Quinto de bachillerato cuando me dio por llevar panes franceses con frijoles y queso crema. Todo el año los llevé y todo el año me los gocé. ¿Cuál de esas opciones violaría los principios y los objetivos políticos de la legislación sobre la alimentación escolar y las de sus promotores? ¿Cuáles de aquellas opciones no eran nutritivos, inocuos y culturalmente aceptables de acuerdo con los políticos y funcionarios?
Es curioso que la legislación citada incluya una previsión para que la Comisión Nacional de Escuelas Saludables (y ya apareció el peine de más y más gastos burocráticos, ,junto a una dirección general ad hoc) deba colaborar para que en todos los centros educativos del país haya acceso a Internet. Just sayin´.
Puedo seguir mencionando detalles; pero el daño más perjudicial que hace esta legislación es quitarles a los padres el derecho a decidir qué pueden comer y qué no pueden comer sus hijos; y entregarle esa facultad a políticos y burócratas. Esta es una típica legislación colectivista que anula la responsabilidad individual e invade la esfera de acción privada de las personas.
Alguien dirá que la normativa prevé e incluye el funcionamiento de organizaciones de padres de familia…debidamente tuteladas por el brazo político y burocrático de la ley.
