El diputado Carlos Enrique López Girón, de la Unidad Nacional de la Esperanza contrató a su hijo y a su hija como asesores. El nene recibía casi Q21 mil mensuales y la nena recibía Q27 quetzales mensuales. Las criaturas tenian otros puestos en el estado y recibían otros sueldos a costa de los tributarios…o sea a costa tuya.
El paso de Anabella de León, del Partido Patriota, como directora en el Registro de la Propiedad se caracterizó por el derroche del dinero de los tributarios (o sea de tu dinero) en obras sobrevaloradas y plazas fantasma, a tal extremo que el registro tiene un déficit de Q45 millones. Durante la administración de de León (poco menos de tres años) la planilla aumentó de unos 400 a 650 empleados. Solo en 2014 se se identificaron al menos 20 casos de personas contratadas en el renglón 029 con salarios de entre Q7 mil y Q12 mil mensuales; personas que nunca fueron ubicadas en sus supuestos lugares de trabajo.
¿Cuántos casos así queda por descibrir a todo lo ancho y a todo lo largo de la administración pública? ¿Qué falta por descubrir en los tres organismos del estado y en todas las oficinas autónomas y semiautónomas?
Mientras no se acabe con toda la corrupción, la mala administración y el desperdicio; mientras las autoridades no les comprueben a los tributarios que su dinero ya no es derrochado y robado; mientras siga habiendo rateros como aquellos en la administración pública, es improcedente hablar de elevar, o multiplicar impuestos. No se puede cargar con más tributos a la gente productiva en tanto sigan existiendo casos como los citados arriba.
La prioridad para esta administración no debe ser elevar la recaudación, sino comprobarles a los tributarios que son dignos de confianza y comprobarles a los tributarios que los rateros, todos los rateros, han sido expulsados del presupuesto del estado.
