Hay dos grandes aspectos muy peligrosos en torno a la mal llamada ley de desarrollo rural (cuyo verdadero nombre debería ser ley de deterioro rural, ley de subdesarrollo rural o algo parecido).
El primero es su contenido: La ley de deterioro rural es el fruto de una perseverante y talentosa estrategia política. Es la materialización de la reforma agraria, del separatismo indigenista y de otros ideales de la lucha guerrillera; ideales no conseguidos luego de miles de muertos y 36 años de enfrentamiento armado, pero relativamente fáciles de alcanzar con paciencia y con la complicidad de políticos y dirigentes oportunistas y depredadores.
Crea privilegios y condiciones de clientelismo para sectores y regiones en el contexto del comercio. En vez de eliminiar los privilegios, que tanto daño hacen en la sociedad, la normativa los multiplica e institucionaliza. Faculta a quienes ejercen el poder para administrar la reforma y democratización de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra…desincentivando su concentración; y a esto, en mi pueblo, se le llama reforma agraria. Traducido, aquel texto quiere decir que los políticos y funcionarios -no el mercado, ni los actores económicos- decidirán por medio del uso de la fuerza y de la ley, quién puede tener tierra y quién no. Ese mismo artículo les otorga los políticos y sus funcionarios la facultad de decidir qué se puede cultivar y qué no; y en dónde. Lo tuyo ya no será tuyo, porque otros te dirán si puedes conservarlo, y otros te dirán qué puedes hacer con ello. La ley acaba con el derecho de propiedad y lo somete no sólo a la arbitrariedad de los políticos y sus funcionarios, sino a la voluntad de la mayoría (que es lo mismo que decir a la voluntad de quien diga representarla). La ley habla de promover y garantizar la participación de la población rural en los procesos y espacios de toma de decisiones en los diferentes niveles (local, municipal, departamental y regional). Esta previsión desnaturaliza el concepto de ciudadano, que es individual, y lo colectiviza integrándolo en dos grandes grupos difíciles de definir y por lo tanto expuestos a la arbitrariedad: población rural, y población urbana. Además crea dos clases de personas, unos son los habitantes de las áreas rurales que tendrán el privilegio de influir directamente en las decisiones que los afecten; y otros son los habitantes de las áreas urbanas que tendrán que aguantarse con lo que les receten los pipoldermos y los grupos de interés que influyan en ellos.
El segundo es que su discusión agolpada confirma que el Congreso está legislando bajo presión y chantaje; unas veces por temor, otras veces para cosechar clientela a corto plazo, y otras veces por ambos motivos. Como ocurrió con la mal llamada ley de telecomunicaciones (que debería llamarse ley de privilegios para los grupos dominantes en el mercado de telecomunicaciones), la aprobación de un prestmao por US$280 millones, y la ley de obtenciones vegetales, la aprobación de la ley de subdesarrollo rural hiede a legislación para satisfacer las demandas de grupos de interés específicos. En el caso de esta última, a los mismos grupos que son capaces de desatar actos de terrorismo y de violencia extrema para impedir la contrucción de una fábrica y una carretera que beneficiará a miles y miles de personas; y cuya existencia depende de la multiplicación e intensificación de conflictos, así como de la proletarización de la clase media. Aquellos grupos bloquean calles y carreteras, se plantan ante el Congreso, presionan al Ejecutivo y aterrorizan a quien tengan que aterrorizar para conseguir sus objetivos. Que en este caso es una ley violatoria de los derechos individuales, corruptora del estado de derecho, empobrecedora, generadora de enfrentamientos y enconos, y generadora de arbitrariedades.
La ley de subdesarrollo rural es tan importante para sus promotores que es un parteaguas o un punto de inflexión. Y en momentos como este vale la pena recordar esto que escribió Ayn Rand: En todo conflicto entre dos hombres (o grupos) que comparten los mismos principios básicos, gana el más consistente. En toda colaboración entre dos hombres (o grupos) que se apoyan en diferentes principios básicos, el más maligno, o irracional es el que gana. Cuando los principios básicos opuestos están abierta y claramente definidos, eso obra en ventaja del lado racional; y cuando no están claramente definidos, sino que están ocultos, o difusos eso obra en ventaja del lado irracional.
Para conocer los grupos de conflictividad que presionan para aprobar esta legislación haz clic aquí.
Muy buen articulo excelente análisis.
Excelente artículo, esta información debe hacerse circular lo mas que se pueda, sería uno de los golpes mas duros al sistema productivo del país y un gran logro de la izquierda terrorista asesina que no ha dejado su lucha, digan lo que digan los acuerdos de paz. Se debe conocer (sigan el link) quienes los apoyan y quienes son sus operadores aqui.