En el Congreso de la República, las bancadas del Partido Patriota (el partido oficial) y el Partido Lider (el de Manuel Baldizón) se arreglaron entre ellas para elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia. No hay que engañarse, el proceso de elegir candidatos para magistrados de la CSJ y el proceso de elegir a los magistrados, de entre los candidatos, son procesos políticos. Lo que no está bien es que sean procesos político-partidistas o que la elección se haga para satisfacer facciones, o grupos de interés.
Hoy, por medio de una moción privilegiada, aprobada con 99 votos -cuando debieron ser 105- el PP y Lider, con la complicidad del partido Todos, eligieron a los Magistrados Titulares y Suplentes de la Corte Suprema de Justicia. En la lista el gobierno logró colocar a cinco de sus candidatos. Antes de conocer los resultados de este selección, estuve hablando con mi cuate Javier El-Hague, director jurídico de la Human Rights Foundation y uno de los temas que abordamos es el de que una de las principales formas en las que algunas repúblicas (democracias, les llama él) latinoamericanas se han convertido en sistemas autoritarios (Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, por ejemplo) es mediante la toma del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. En ese contexto, lo que ocurrió hoy en el Congreso no debe ser tomado a la ligera. Es que no es sólo que estos, o aquellos candidatos pudieran, o no ser miembros de redes delincuenciales (que ya es malo por sí solo), es que los principios de división del poder y e independencia del control jurisdiccional -esenciales en un estado de derecho- se están disolviendo rápidamente.
Mucho se habla de la necesidad de cambiar la forma de elegir candidatos y magistrados -que requiere una reforma constitucional- y tal vez sea cierto que se agotó aquella fórmula. Empero, el problema de fondo es que el gobierno -y específicamente el presupuesto del estado y los impuestos que pagan los tributarios- es una enorme fuente de enriquecimiento para quienes logren el control del poder. Fórmulas y reformas constitucionales podrán ir y venir a costos espectaculares; pero si no se resuelve el problema de fondo seguirá habiendo incentivos para que todo tipo de intereses quieren alcanzar el poder, controlarlo en la mayor medida posible y aprovecharse de él.
La foto la tomé de Facebook.
