La deuda flotante

La deuda flotante es el endeudamiento en el que nos han metido, los pipoldermos, a causa de obras ejecutadas que no fueron registradas en el presupuesto del gobierno, porque no había asignación presupuestaria para ellos.  Esto la hace ilegal, porque el artículo 26 de la Ley del Presupuesto dice que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios. Además son endeudamientos no aprobados por el Congreso, lo que viola el Artículo 172 de la Constitución.

A aquello súmale que muchas de aquellas obras fueron asignadas a amigos, compadres, vecinos, correligionarios, patrocinadores, parientes, o testaferros; y muchas veces mediante el pago de una comisión.

La deuda flotante no es algo nuevo.  Ya era un problema hacia finales de la administración de la Democracia Cristiana, allá por principios de los años noventa.  Para estas alturas, todo proveedor de los pipoldermos ya debería saber que puede que estos incumplan el pago de las obras que les han encargado.  Tengo un cuate que tiene una industria importante y nunca le vende al gobierno. Niente.  No les vende a los políticos y a sus funcionarios –de ninguna administración– para no entrar en el sistema de repartir comisiones; y no les vende porque sabe que no pagan. Creo que él es un empresario ejemplar.

A aquel estado de cosas añádele que la deuda flotante ha de ser un gusanero impresentable; de ahí que, por ejemplo, el Fondo Nacional para la Paz se rehuse a mostrarla en detalle.  Y tú ya sabes… el Fonapaz siempre ha sido la casa de Santa Clos.  Ahí hizo su fama de regalón Álvaro Colom, para que tengas una idea.

Ciertamente que es necesario separar el grano de la paja; y antes de que sea desembolsado un solo centavo de los tributarios –o de que se nos endeude para pagar deuda– los acreedores de aquella deuda deben ser separados en dos grandes grupos: los legítimos que sí proveyeron servicios o bienes y que estos sean de calidad, sin violar la ley; y aquellos ilegítimos, producto de la corrupción, el clientelismo y otras malas prácticas.  A estos últimos no se les debe pagar ni un centavo.

Y, además, se debe perseguir penalmente a los responsables de ocasionar la deuda flotante ilegal.

Columna publicada en El periódico.

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