Las deudas que tienen las municipalidades con bancos y proveedores, así como con otras organizaciones controladas por los pipolderemos como el Instituto de Fomento Muncipal y el Instituto Nacional de Electrificación suman un mínimo de Q2.3 millardos.
Son endeudamientos sin control y sin registros, de forma antitécnica, viejas porque algunas tienen hasta 20 años de existir. Y encima, los bienes, rentas, arbitrios y tasas muncipales están privilegiados y blindados por la Constitución.
La teoría de la descentralización dice que las municipalidades, por ser más cercanas a la ciudadanía, deberían ser de más fácil fiscalización; pero el detalle está en que, para que eso fuera cierto, tendría que haber una ciudadanía a la que le importara. Una ciudadanía responsable. Y ahí está que no la hay. ¿Por qué? Porque la ciudadanía nunca se da cuenta de que paga (si es que paga) los excesos, las irresponsabilidades y el latrocinio de los políticos a los que les da su voto (cual cheque en blanco) y los funcionarios que aquellos políticos designan.
Además, con eso de que los deudores tienen acreedores no está de más recordar que se necesitan dos para bailar un tango. Los financistas y proveedores de los políticos y funcionarios que controlan las municipalidades saben exactamente con quién se están metiendo y en qué sistema están operando. No son víctimas, son cómplices. Pasa igual como con la deuda flotante. Y el que juega con fuego, se quema.
