Los políticos deben, inexcusablemente, vivir bajo las leyes que aprueban. Es inadmisible que practiquen la legislorrea y que aprueben leyes malas; y que, encima, traten de que estas no los perjudiquen como perjudican a los demás.
Por eso merece un rechazo absoluto la marrullería esa de ese esperpento que es la Ley de Extinción de Dominio no se aplique a casos de corrupción.
La ley esa es cuestionada porque es violatoria de las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia. Como es parte de la guerra perdida contra las drogas, pocos se atreven a cuestionarla. Empero, ya es muy, pero muy malo que sea una normativa arbitraria y perjudicial para el estado de derecho, como para que, encima, los políticos pretendan recetársela sólo a los demás.
Los privilegios siempre son repugnantes; pero en este caso el que los políticos se escapen de aquel adefesio legal, es doblemente repugnante. Sobre todo porque los chapines sabemos que el enriquecimiento ilícito a costa de los tributarios es una práctica común entre aquellos que tienen el poder para vivir del presupuesto del estado y de los impuestos.
Esta entrada fue publicada en el diario Siglo Veintiuno.
