Guatemala es un país en el que los precios de la energía eléctrica se fijan de forma política; y no importa lo que digan la ley y los técnicos. Ese es el mensaje alto y claro que circula desde que un juzgado le otorgó un amparo provisional al procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, y suspendió el alza en el precio de la energía eléctrica aprobada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. A este desatino han contribuido la dirigencia de algunos sindicatos (¡sorpresa!); y un grupo de ingenuos de Facebook entre los cuales destaca gente del político Alejandro Giammatei.
En la década de los 90, cuando había apagones de 6 horas y no había energía eléctrica para nuevas oportunidades de empleo y de creación de riqueza, los guatemaltecos vivimos las consecuencias de la intervención política en los precios de la electricidad y de la falta de inversiones en proyectos de generación de energía. La desesperación obligó, incluso, a comprar energía en condiciones que luego resultarían onerosas, pero que en su momento evitaron una catástrofe mayor.
¿Qué intereses podrían estar moviendo a lo que está ocurriendo ahora? ¿Por qué, conociendo las consecuencias, habría intereses políticos en la intervención política de los precios de la energía? ¿Por qué querría enviárseles a los potenciales inversionistas el mensaje de que Guatemala no es una plaza confiable?
A mí no me gusta el dicho ese que dice: Piensa mal y acertarás; pero hoy pienso que no está de más explorar esa vía. Yo creo que el tiro, a largo plazo, es asfixiar a los actores actuales y nacionalizar la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Creo, también, que si no se llega a aquel extremo, el propósito es crear, de nuevo, condiciones de emergencia para que surja un salvador al que haya que comprarle energía casi a cualquier costo.
El tiempo dirá, si es aquello, o es otra cosa.
