Ninguna administración-en ningún tiempo y en ninguna parte del mundo- tiene autoridad moral para pedir más, y más recursos de los tributarios si antes no les comprueba, de forma inequívoca, que ha hecho tres cosas:
1. Acabar con la corrupción;
2. Acabar con el desperdicio y la mala administración; y
3. Acabar con las partidas presupuestarias que sirven para satisfacer las necesidades particulares de grupos de interés específicos que se sirven del presupuesto.
Si la administración no puede hacerse responsable de cuidar el buen uso del dinero que les quita a los tributarios, es moralmente inaceptable que se atreva a pedirles más; y es moralmente cuestionable que los contribuyentes arrinconen a los tributarios para que estos se rindan ante la corrupción, el desperdicio y la repartición de privilegios.
Por eso me ha parecido muy atinada la posición del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras en cuanto a suspender en forma temporal su participación en las dos mesas de trabajo con el Gobierno, en las cuales se abordan los temas social y de seguridad. La cúpula emrpesarial afirmó que mantendrá esa posición mientras no se aclaren las razones por las que fue destituido Raúl Velásquez como ministro de Gobernación y los hechos que llevaron a la salida de Bienvenido Argueta de Educación, áreas que considera prioritarias en la agenda gubernamental.
Soy de la opinión que -en todo caso- si la administración quiere negociar más impuesto,s debe hacerlo con todos los tributarios; y no sólo con los empresarios agrupados en el Cacif. Empero, si así es como son las cosas, los miembros de aquel comité están en la posición de Leonidas y los 300 espartanos en el paso de las Termópilas. Sobre ellos descansa la responsabilidad de proteger a los tributarios contra la expoliación; y de obligar a la administración a limpiar las finanzas públicas antes de pedir más plata.
