Cuando allá por 1987 la administración de turno intentó prohibir el uso de vidrios polarizados en los automóviles, con el pretexto de que ello contribuiría a la seguridad ciudadana, los ponentes de la ley pretendieron que sólo los funcionarios públicos pudieran tener sus vehículos polarizados.
Esto puso en evidencia tres cosas:
1. Que los funcionarios no tenían empacho alguno en asignarse ese privilegio.
2. Que los vidrios polarizados brindaban beneficios a los que los funcionarios no estaban dispuestos a renunciar: protección contra la delincuencia y comodidad frente al sol y al calor.
3. Que a los funcionarios no les importaba privar de aquellos beneficios a los electores y a los tributarios.
Con todo y todo, bastó que la prensa expusiera estos tres aspectos para que la iniciativa fuera deshechada. Electores y tributarios se manifestaron indignados por las pretensiones de los promotores de la regulación citada, y todo quedó en nada. Ya no hubo prohibicion porque no se basaba en la igualdad de todos ante la ley. Este principio, el de la igualdad de todos ante la ley, es fundamental para el estado de derecho y para la convivencia social pacífica. Cuando es violado, ¡y cuando es violado por los que están llamados a protegerlo!, es una gran calamidad.
Ahora ha ocurrido algo parecido, pero como ya se ha perdido todo el pudor, a pocos nos parece relevante. Los diputados y la administración promovieron una nueva ley de armas que les limita a los electores y tributarios su derecho a tener y portar armas para su defensa personal (cuando la administración es absolutamente incapaz de proteger ese derecho) y les da a funcionarios y exfuncionarios el privilegio de no tener que registrar sus armas.
Un privilegio tan descarado y tan abusivo debería ser intolerable en una sociedad que no sea de ovejas y de súbditos. Y, encima, uno se pregunta, ¿qué pasará cuando un funcionario, o diputado bolo, como ya ha ocurrido, salga y haga disparos irresponsables que causen daños? ¿Qué pasará cuando a un diputado, a un funcionario, o a su seguridad les roben las armas no registradas? ¿Qué pasará cuando algún diputado, o funcionario le de por vender, o prestar su arma no registrada?
Lo que tenemos en común las naciones de América Latina es esa aberrante tendencia de los encargados de velar la ley de ponerse encima de ella