El 27 de febrero pasado comenté que ojalá que la compra de chalecos antibalas defectuosos por parte de la Policía Nacional Civil no hubiera costado las vidas de agentes sometidos al fuego de los delincuentes, con aquel equipo inutil.
Días después El Periódico publicó un reportaje oportuno en el que los agentes se quejaban de que no tienen chalecos contra balas, ni armas apropiadas para enfrentar la criminalidad. Y acto seguido el presidente Alvaro San Nicolás Colom visita varias sedes de la PNC y ordena que se dote a los agentes con chalecos y armas. Y todo ello ocurre en el contexto de que Salvador Gándara, ministro de Gobernación, le quitó Q275 millones al presupuesto de la Policía (porque le sobra), para transferírselos a Sandra Evita Torres, esposa del presidente.
Tres cosas son evidentes aquí:
1. La seguridad no es una prioridad para la administración socialdemócrata.
2. El dinero sobra y lo que falta es orden.
3. No hay tal cosa como un plan, todo es arbitrario en la administración.
Es importante considerar que la Constitución establece que los tributos se establecerán conforme a las necesidades del Estado. El Estado no es el gobierno, para empezar. Las necesidades deben ser las que la gran mayoría sienta… no es “dinero” regalado, galletitas y fiestas los domingos… la gran mayoría clama seguridad. Con eso y una “doña” que no ha jurado, que no fue electa, que no es “NADA” en el aparato gubernamental, no podemos esperar que se justifique ampliación de pago de impuestos. Los impuestos deben ser moralmente neutros. Es decir, no están para realizar justicia, cumplir sueños o algo parecido. Están para cubrir los costos de vivir en sociedad que son guardar la vida de los ciudadanos con el ejercicio monopólico del poder y la justicia, la libertad y la propiedad, así como las relaciones diplomáticas. No hay más… ahora vemos cómo al ponerle “otras atribuciones”, causamos zozobra. Cualquier ampliación a la carga tributaria está alejada de lo que manda la Constitución, le guste o no a los señores Colom Torres.