Fo lo pone muy bien en su caricatura de hoy en Prensa Libre. En la administración pública chapina, los millones van y los millones vienen sin que los órganos contralores, como la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas lo noten.
Uno puede suponer que el escándalo del Congreso, protagonizado por el equipo del presidente socialdemócrata de ese órgano, es sólo la punta del témpano de hielo; ¿quién está controlando qué ocurre en el resto de la administración?
Empero, la cuestión no es de contralores. En la caricatura de Fo podría haber dos, o tres personajes más con los ojos tapados; y la la corrupción, el desperdicio, y los malos manejos, seguirían como si nada. El meollo del problema reside en la falta de un verdadero estado de derecho, y en el hecho de que el sistema permite y alienta que ocurran cosas así; no sólo porque en arca abierta hasta el justo peca, sino porque al amparo del sistema prosperan el clientelismo y los buscadores de rentas parasitarias.
Por eso es pueril que algunas personas clamen por controles en la Bolsa de Valores, por ejemplo; ya que sin tribunales de justicia efectivos, sin un Ministerio Público efectivo y con el paternalismo que priva en la administración y no demanda responasbilidad de parte de los usuarios, los contralores no son nada más que un grupo de interés adicional, que generalmente actúa de forma política, o peor aún, de forma burocrática.
Total, ya hemos visto que en el sistema financiero regulado, los fraudes se le pasan a la Superintendencia de Bancos; y en la administración pública, los fraudes se le cuelan a la Contraloría General de Cuentas. ¿O no?
