No falta quien crea que la figura del Gran Hermano o Big Brother tiene su origen en un programa de MTV*; sin embargo, el Gran Hermano que lo sabe todo, tiene sus raíces en el libro 1984, de George Orwell.
Para hacer la historia corta 1984 se desarrolla en Oceanía, un estado totalitario que es gobernado por el Gran Hermano que lo sabe todo, lo escucha todo y lo ve todo. Aunque el protagonista lucha por vencer a la dictadura, al final es traicionado, torturado y obligado a renunciar a sus aspiraciones de libertad.
A un estado totalitario, como el descrito en 1984, no se llega por casualidad. Se llega por una crisis y de forma democrática, como ocurrió en la Alemania nacionalsocialista; y se llega por una revolución, como ocurrió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También se llega ahí poquito a poco, renunciando a la libertad y al constitucionalismo, paso a paso.
Los chapines, por ejemplo, les tememos a las maras y a los narcotraficantes. Y tenemos un gobierno cuya función principal debería ser la de proteger nuestras personas, nuestra vida, nuestra libertad, la seguridad y la paz. Pero, el gobierno se dedica más a administrar privilegios que a cumplir con sus funciones. En consecuencia, ha crecido la inseguridad y la gente está asustada.
Ese ambiente de temor es el que necesitan los políticos para acrecentar su poder e invadir la esfera de acción privada de las personas. Ese ambiente es el que les permite, a los políticos, incrementar sus facultades de control social y aflojar las ataduras constitucionales que, malo que bueno, limitan sus posibilidades de usar el poder de forma arbitraria.
Aquí, en Guatemala, la Dirección General de Inteligencia Civil tiene la misión de ejecutar las políticas de Estado que buscan reprimir la delincuencia. Ese objetivo no sólo es deseable; sino que es fundamental. Aquellos que violan derechos ajenos, como el derecho a la vida, la libertad, o la propiedad, deben ser responsables de sus acciones y deben pagar por ellas. Y para eso es que le damos el monopolio del uso de la fuerza al gobierno; para que persiga, juzgue y castigue a aquellos que cometen crímenes. Pero ese monopolio es condicionado y debe estar sometido a la ley, para evitar abusos.
Por eso es que uno de los principios fundamentales del estado de derecho es el de supremacía constitucional, que quiere decir que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución y que ésta, como ley suprema, obliga a gobernantes y gobernados.
Esa Constitución garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y de otros productos de la tecnología moderna; garantía que fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad cuando, en 1995, declaró inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal que se refería a escuchas telefónicas. Además, está reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”.
El caso se presenta de nuevo porque el artículo 4 de la Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil faculta a esa dependencia para solicitar la intervención de comunicaciones telefónicas y radiofónicas, electrónicas y similares, en abierta violación a la Constitución.
Esa facultad no sólo es inconstitucional sino que viola los más elementales derechos individuales. ¡El estado debe combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones! pero nunca a costa de aquellos derechos, ni a costa de los principios fundamentales del estado de derecho. El Estado debe proteger los derechos individuales, aún cuando no parezca útil en el corto plazo, porque es de interés general que así sea en el largo plazo. No ya a ser que le estemos dando vida al Gran Hermano.
*Fe de errata: Muchas gracias al lector que me ha hecho ver que Gran Hermano era un programa de Tele5, en España; y luego Big Brother lo fue de Teevisa, en México.
Publicada en Prensa Libre el sábado 24 de marzo de 2007
