Uno de los objetivos de la visita de George W. Bush, a Guatemala, es empujar la aprobación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), iniciativa que respalda su gobierno. Esto es, en parte por el interés que tiene por los derechos humanos, y en buena parte, también, porque es un componente importante de su guerra contra las drogas.
Así que la dirigencia popular que apoya la citada Comisión, termina sirviendo a los intereses de los yanquis que tanto dice despreciar. Por eso es que se dice que nadie sabe para quién trabaja.
Ahora bien, desde el punto de vista de defensa del estado de derecho (que es el mejor garante de los derechos individuales), es muy malo que el presidente del país más poderoso del mundo y su gobierno vengan a presionar para la aprobación de algo como la CICIG (sucesora de la inconstitucional CICIACS); sobre todo en el preciso momento en que el texto legal para la aprobación de la misma se halla en la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de que aquel alto tribunal emita su opinión en cuanto a la viabilidad constitucional del mismo.
La Corte, por supuesto, no debería ser sometida a presión alguna para dictaminar; y en ese sentido se ha manifestado muy acertadamente el columnista Eduardo Mayora: “En las actuales circunstancias estimo particularmente importante que tanto el Ejecutivo, como también los amigos y los detractores de esta iniciativa, dejen la resolución del problema en manos del Tribunal Constitucional sin pretender ejercer presiones de ningún tipo. Ese sería, me parece, el mejor tributo que podría rendirse a lo que queda de institucionalidad en la República, como también la aceptación respetuosa del dictamen que tendrá que emitirse (mejor meditadamente que con prisas). Es conveniente recordar que de los responsables de la administración de justicia no se espera que sean infalibles, sino imparciales, prudentes y justos en cuanto a los problemas que analizan y resuelven”.
