El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dispuso que, a partir del 17 de enero pasado, todo patrono debe inscribirse en el IGSS aunque cuente sólo con los servicios de un trabajador. Los perpetradores de esa medida dicen que la misma incentivará la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como otros emprendimientos y, seguramente, creen que eso es cierto. Lo que va a pasar, sin embargo, es que la nueva medida depredadora va a incentivar la informalidad.
Para forzar el registro, el IGSS va a usar sus acuerdos con otras instancias gubernamentales para identificar e inscribir de oficio a quienes intenten quedar al margen de los tentáculos del seguro social monopólico, centralizado y coercitivo del estado.
En el afán depredador por parte de la burocracia del seguro social, la inscripción de oficio tendrá efectos retroactivos para el pago de las mal llamadas contribuciones, que en realidad son formas de expoliación. Es decir, formas de quitarle a los generadores de empleo, de forma injusta y con amenazas, lo que les pertenece. Injusta porque la disposición es unilateral, injusta porque no hay proporción entre el despojo y los supuestos beneficios, injusta porque castiga la productividad y a los más vulnerables. Un castigo que pesa más en tiempos de inflación y en tiempos de encarecimiento artificial y político del tipo de cambio. Un castigo que pesa más en tiempos en que los combustibles están carísimos, en parte por las dos circunstancias recién mencionadas.
La nueva disposición es una caja de Pandora porque abre la posibilidad para otras formas de abuso por parte del IGSS al desnaturalizar los contratos de, por ejemplo, las personas que cobran con factura y trabajan por horario. Personas que podrían echar a andar la maquinaria que fuerza la inscripción de oficio.
A lo largo de su existencia ominosa a lo largo de más de 70 años, el IGSS no ha conseguido ser el instrumento que los trabajadores guatemaltecos necesitan para mejorar su calidad de vida en términos de servicios de salud y en términos de protección en casos de invalidez, vejez y sobrevivencia. En el IGSS, sin embargo, toda su vida han medrado redes de corrupción.
En el libro Del monopolio a la libertad, Alfonso Abril puso en evidencia los vicios originales del esquema del IGSS. Esquema que consecuencia del racionalismo constructivista revolucionario de los años 40 y de un mandato que vino a Hispanoamérica desde Washington D.C.
A los trabajadores sometidos a su régimen, el IGSS les anula el derecho de propiedad y el control de los ahorros, del mismo modo que les mina sus libertades de contratación y de asociación. Los trabajadores están forzados a pagar, sí, o sí.
La existencia del IGSS depende de la legislación y del poder coactivo del gobierno; pero ¿sabes que el gobierno no paga sus cuotas? El gobierno tiene una deuda acumulada de más de 35 mil millones (al momento en que fue publicado el libro, en 2017 y la deuda sigue creciendo*).
Abril afirma, y coincido con él, que el IGSS deshonra a los trabajadores porque no respeta la dignidad de los pacientes, ni de quienes están sometidos a su régimen de IVS; por ser una organización corrupta saqueada por políticos, burócratas, empleados, y proveedores; y, porque además, en la mayoría de los casos, es un modelo sumamente injusto para los trabajadores más pobres.
El zarpazo del IGSS al segmento más vulnerable del sector voluntario de la economía no es de naturaleza financiera; ya que, como el seguro social chapín no ajusta las pensiones para sus supuestos protegidos, no corre el riesgo de descapitalizarse como ocurre con otros esquemas similares. En ese sentido es peor que un sistema piramidal y la nueva disposición sólo hiede a pura depredación y expoliación.
¡Pero es una conquista revolucionaria!…¿Verdad?
*Q60 mil millones es el monto aproximado que el gobierno le debe al IGSS por cuotas patronales no pagadas durante años.
Columna publicada en elPeriódico.
