Los que ahora andamos por los 50 años de edad le debemos al Ejército de Guatemala la oportunidad de no haber pasado nuestras adolecencias en una dictadura totalitaria marxista-leninista. Muchos oficiales, soldados y especialistas dieron sus vidas -total, o parcialmente- para que los guatemaltecos no vivieramos una pesadilla colectivista y criminal como las que vivieron los habitantes de otros países como Cuba, o la que se vive actualmente en Venezuela, o Corea del Norte. Y uno no puede sino sentir respeto por aquellos que cumplieron con su compromiso con honor y dignidad.
Aquella contribución del Ejército fue empañada por dos tipos de actos:
-Los abusos y atrocidades que se cometieron en medio de la intensidad del conflicto; y
-La corrupción y los privilegios que se recetaron los que se aprovecharon de sus posiciones en la Institución armada.
Nunca hubo genocidio, eso es bien cierto; pero no por nada es que la guerra es el caballo rojo. Aquellos actos todavía debilitan la estatura moral del Ejército, aunque hubieran sido actos cometidos por personas específicas en circunstancias específicas; y no políticas institucionales. Por ejemplo, muchos oficiales de alta gradación viven vidas modestas porque nunca se enriquecieron al amparo del poder en aquellos años aciagos. Y muchos viven perseguidos y acosados injustamente. La exguerrilla y la oligarquía de los derechos humanos se aprovechan de aquellos actos.
Hoy, y entre nosotros, las agresiones armadas que duraron 36 años y concluyeron en 1996 con los acuerdos de apaciguamiento, se han mudado al campo político y al campo del activismo (y a veces se expresan de forma violenta como antes). Ahora se hace la revolución desde los movimientos sociales, desde los asesores, desde los Ministros y desde los Directores Generales. Se hace desde adentro como un cáncer. Se hace desde la desinformación y desde la manipulación. Las pintas en las paredes con cristos armados y hoces y martillos no son buenos augurios.
En aquel contexto es peligroso que el Ejército se descuide y permita la más mínima impunidad en su seno institucional. Es cierto que ningún grupo humano está libre de verse ensuciado por las malas acciones de algunos de sus miembros; pero también es cierto que si ello ocurre, el grupo humano perjudicado debería sentirse en la obligación moral de evitar la impunidad y limpiar su nombre. Sobre todo si de su prestigio, de su respetabilidad y de su honrabilidad dependen la independencia, ls soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad initerna y exterior.
Estas meditaciones ocurren porque al menos 1,449 granadas de fragmentación de 40 milímetros para fusil M-79 fueron robadas del polvorín de la Primera Brigada de Infantería del Comando Aéreo del Norte, en Petén; y porque fue convenientemente enterrado el caso de la misteriosa desaparición de Q471.5 millones del Ministerio de la Defensa.
Ambos actos deben llamar la atención de la Institución armada y de los buenos oficiales de alta y de baja. Deben llamar la atención de la ciudadanía responsable. Si el Ejército ha de cumplir con su mandato constitucional cuando sea necesario, habrá de hacerlo con autoridad moral; y no con el lastre de abusos, corrupción y privilegios.
