La Muncipalidad de Mixco empezó a retirar adoquines y postes de luz de las calles de la colonia La Asunción, declarada en riesgo en febrero pasado. El motivo, según el Ayuntamiento, es que dicha infraestructura representa un riesgo al momento en que la montaña sufra un deslizamiento.
Las familias que habitaron la colonia se encuentran molestas, ya que temen que después la Comuna decida demoler sus casas. Todavía hay 30 familias que no han sido ubicadas en los albergues que habilitó la Municipalidad y que, tarde o temprano, regresarán a sus hogares, sin importar la alerta lanzada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
Ya he escrito sobre esto pero lo vuelvo a compartir porque es un tema bueno para la discusión:
Mi primera idea es que los políticos y sus funcionarios no deberían tener la facultad de ordenar evacuaciones forzadas. Las evacuaciones forzadas son actos de paternalismo y de estatismo que violan la libertad de las personas y anulan su responsabilidad individual. No hay duda de que los gobiernos tienen las facultades legales para imponer sus criterios por la fuerza; empero, esta discusión no es acerca de si pueden hacerlo legalmente, o no. La discusión es sobre si deberían hacerlo, desde los puntos de vista legítimos, y morales. Los gobiernos no deberían tener la facultad de obligar a las personas a salir de sus casas y a abandonar sus propiedades…ni siquiera en casos de peligros como erupciones de volcanes, inundaciones, derrumbes, terremotos, agrietamientos u otros fenómenos.
Empero, como el ejercicio de la libertad implica -necesariamente- el de la responsabilidad; quien se queda en su casa y en su propiedad durante un fenómeno de aquellos, debe enfrentar las consecuencias de su decisión y no esperar servicios; y mucho menos que otras personas se arriesguen por ellos si las cosas se llegaran a poner verdaderamente feas. Las personas que deciden quedarse están moralmente obligadas a prepararse para lo peor, y para ser autosuficientes.
Por otro lado, si los políticos y funcionarios deciden obligar a la gente a abandonar sus casas y sus propiedades, también deben obligarse a proveerlas con todos los servicios necesarios para que la evacuación y su reubicación sean satisfactorias y lo menos traumáticas posibles. Lamentablemente esto es a costa de los tributarios; pero una cosa debería ser consecuencia de la otra mientras se considere que las evacuaciones si pueden ser forzadas.
Al final de cuentas, sin embargo, ningún gobierno debería tener la facultad de decidir por las personas individuales; y creo que a este asunto -el de las evacuaciones obligatorias- no se le ha puesto suficiente atención.
