De todos los enemigos de la libertad, la guerra es el más temible; porque incluye y desarrolla a todos los demás, dijo James Madison. Y bien…los guatemaltecos estamos sumidos en una guerra. Lo ominoso de esto no son sólo los asesinatos y otras formas de criminalidad propias de la guerra, que ya son bastante; sino que, ¿cómo iba a ser de otra forma?, estamos abdicando a la vida, a la libertad y a la propiedad.
No es sólo que si usted va a cambiar unos dólares a un banco es tratado como si fuera un criminal. No es sólo que si usted necesita ocultar sus bienes y sus empresas de extorsionistas y secuestradores, ahora no pueda hacerlo. La recién aprobada Ley de extinción de la propiedad y del debido proceso, mal llamada Ley de extinción de dominio es anillo al dedo para quienes creen que los políticos y funcionarios no cuentan con suficientes herramientas legales para ejercer el poder y controlar a la sociedad.
En principio, la normativa, nacida en el seno de la guerra perdida contra las drogas, les permite a políticos y funcionarios confiscar bienes de narcos sin tener que pasar por el complicado proceso judicial de probar que el imputado es narcotraficante en realidad. Y usted dirá que qué bien. Dirá que qué bien que las autoridades se pongan duras con los narcos.
¡Esos son los mismos políticos y funcionarios que usted sabe qué son corruptos e ineptos! ¿Por qué es que con un instrumento como la LED y con el fin del debido proceso actuarían mejor que como actúan siempre?
Espere usted a que algún político se le ocurra que alguna de sus propiedades es dudosa. No espere un juicio justo, sino una confiscación al rayo. Despierte usted la codicia de algún funcionario chispudo y así como se ha visto que hay autoridades que plantan drogas en automóviles y equipajes cuando así les conviene, no le extrañe que la LED sea usada para despojarlo en forma sumaria.
En América Latina son muchas las historias de caudillos y dictadores que se apropiaban de fincas y empresas con sólo insinuarles a sus dueños que les gustaría tener algo parecido. Y aquellos, por miedo, tenían que entregar la propiedad. Y vea usted…ahora y sin la menor resistencia, hemos provisto a políticos y funcionarios con una ley que les permite extinguirle el dominio a cualquiera y, encima, colgarle el sambenito de narco.
Tome usted en cuenta, además, que esos políticos y funcionarios, corruptos e ineptos, tienen un incentivo perverso: el de confiscar propiedades para conservar sus puestos, ya que el fruto de las confiscaciones, supuestamente, se usará para financiar el sistema de justicia. ¡Que ironía!, ¿ o no?
Digan lo que digan, lo que esta aberración les permite hacer a los políticos y funcionarios es quitarle la propiedad a cualquiera, sin necesidad de probar –primero– que es culpable. Anula la propiedad y hace un mal chiste de las garantías del debido proceso. Ya nadie es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Como dicen en mi pueblo: Ahora se dispara, y después se virigua.
Este artículo fue publicado en Mundo Comercial, la revista de la Cámara de Comercio de Guatemala, año 15, edición 129.
[…] l° Expropiación de la propiedad territorial y aplicación de la renta a los gastos del Estado (Ley de extinción de dominio); […]