Los precios son mensajeros. Llevan y traen la información necesaria para que los agentes económicos tomen decisiones acerca de dónde y cuándo colocar sus recursos. A ese proceso, al de decidir dónde colocar recursos, se le llama cálculo económico; y el cálculo económico es imposible sin precios; y engañoso cuando no hay precios reales. Por eso es que son peligrosos los precios políticos, porque les proveen información distorsionada a los agentes económicos y porque responden a intereses políticos. Con información distorsionada y sometida a intereses políticos, el cálculo que hacen los agentes económicos es hecho sobre bases falsas, o distorsionadas y sus decisiones resultan en desperdicio de recursos.
Por eso es que el precio del dólar no debe ser un precio político; y por eso es que el precio del dólar no debe responder a las exigencias de grupos de presión como el de los exportadores, o el de los importadores. El precio del dólar debe ser el que es, y tanto exportadores como importadores deben hacer sus cálculos económicos con base en sus capacidades productivas y competitivas reales, ¡nunca sobre la posibilidad de obtener -o quitarles a otros- el favor político de conseguir un precio privilegiado!
Es inadmisible, pues, que -sea cual sea la causa- haya grupos de interés que puedan usar su poder de lobby, para obtener un precio político del dólar que lo beneficie. Y menos si es a expensas de otros grupos, con menos poder de lobby, o sin capacidad de mover influencias.