Los chapines, a duras penas nos estábamos sobreponiendo a la lluvia de arena que nos ofreció el Volcán de Pacaya y al agua y lodo que nos ofreció la tormenta Agatha; cuando se dejó venir una temporada lluviosa de dimensiones bíblicas. Y con ella, se vino la destrucción de la precaria infraestructura de puentes y carreteras que, en muchos casos era de utilería. Pero peor aún, los muertos por deslaves se cuentan por docenas.
¿A quién se le reclaman los muertos?
Todas las carreteras destruidas tienen algo en común: fueron construidas por el estado; y voy a atreverme a decir que, generalmente, con más criterios políticos que económicos. Es sabido, también, que generalmente la construcción de carreteras se asigna entre socios, amigos y parientes de los funcionarios que tienen la capacidad de asignarlas. No es extraño, tampoco, que los trazos de las carreteras, el corte de los taludes, la calidad del asfalto, y otros detalles técnicos no sean la primera prioridad de los constructores, ni de quienes asignan la construcción.
Luego, como ocurre cuando algo es de todos (y entonces no es de nadie), como con los bienes llamados públicos, la responsabilidad también es de nadie. En ausencia de consecuencias para los encargados del mantenimiento de los bienes públicos, estos no tienen incentivos para actuar responsablemente. Por eso es que cuando llueve, llueve y llueve, a pesar de que se sabe que en ciertas carreteras el riesgo de deslaves es grande, nadie toma la decisión de cerrarlas. Total, dirán los encargados, si se mueren 22, ó 40 habitantes de Nahualá, o de Santa Catarina Ixtahuacán, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué responsabilidad enfrentan el director general, o el ministro del ramo? Ninguna. ¿Quién se atreverá a demandar a los responsables de dejar abierto el paso en carreteras peligrosas, o a los responsables de trazos y taludes mal calculados? ¿Nadie?
En cambio, si las carreteras fueran construidas y administradas por el sector privado, y las empresas administradoras fueran responsables civil y penalmente por obras mal hechas en las que murieran, o resultaran dañadas vidas humanas, o las propiedades ajenas, los administradores tendrían incentivos para:
1. No construir, ni administrar carreteras que pudieran generarles demandas y querellas.
2. En caso de desastres naturales, cerrar el uso de las carreteras que pudieran generarles demandas y querellas, y asumir el costo del cierre.
¿Y la gente? La gente podría demandar y querellarse en caso de irresponsabilidad en la construcción y en la administración de las carreteras. Hay más posibilidades de ganarle un juicio a una empresa privada que al estado; pero, peor aún, el estado es inembargable y si se llegara a ganar el caso, las responsabilidades civiles no las pagarían los responsables, sino nos tributarios.
Es cierto que esa cultura no existe entre nosotros y es cierto que podría resultar complicado; pero en todo caso, una familia destruida por un deslave a causa de la irresponsabilidad de constructores y administradores del sector público está total y absolutamente indefensa; en cambio, una destruida por la irresponsabilidad de constructores y administradores del sector privado tendría una oportunidad. La de buscar justicia en los tribunales sin tener que enfrentarse al estado, a sus políticos y a sus funcionarios.
Y aveces no hay que llegar a tanto. Por ejemplo, las empresas privadas que prestan servicios públicos, ¡por mucho!, son más susceptibles a la opinión pública que los monopolios estatales que anteriormente prestaban esos servicios. De hecho, ustedes quizás no recuerden, pero estos monopolios eran totalmente indiferentes frente a las quejas de sus clientes, como ahora lo es el estado frente a las pérdidas –en términos de vidas y bienes– por parte de las víctimas de la irresponsabilidad del estado. Seguramente haya minutos de silencio, y las usuales muestras demagógicas de duelo aparente, ¡pero no habrá consecuencias! Y por eso, hasta que no cambiemos el sistema de incentivos y de responsabilidad, los desastres naturales inevitables, seguirán causando víctimas perfectamente evitables.
Lamentablemente no es del todo cierto. La empresa privada no ofrece un mejor servicio.La carretera Palín-Escuintla, construida y administrada de forma privada, es igual de lamentable, que cualquier otra construida por el Estado.En esa carretera es común ver a cada cierta distancia, agujeros, baches, sectores anegados y mas recientemente deslaves. No tiene nada que envidiarle en mediocridad al resto de carreteras.Y con el agregado, que hay que pagar por transitar de forma peligrosa.El problema no es quien construya o administre, el problema está, en que no hay forma en que un proceso legal llegue a prosperar.En el caso reciente de Sololá, si existiera una verdadera y eficiente investigación forense, saldrían muchos implicados, desde el conductor del bus, el propietario del mismo, el Estado en lo referente a la carretera, incluso hasta el taller mecánico que da el servicio de frenos al bus en mención, o la escuela de manejo que autorizó la licencia de conducir.Con tantos implicados y con lo lento, en el mejor de los casos, de nuestro sistema de "justicia", difícilmente, se podría iniciar una demanda y terminarla.Además, ¿acaso uno no puede demandar al Estado?
lo que dice el señor Pepe no es cierto. Creo que está confundido de carretera Palín – Escuintla. Me parece que no está pagando peaje y se va por la carretera vieja.
[…] una relación continuada. El caso se parece, un poco, al de los constructores de carreteras, que deberían ser responsables de lo malo que ocurra porque las vías que han hecho, han sido hechas de forma […]