Cada año $500 millones que son propiedad de personas privadas son protegidos contra la corrupción, la mala administración y el desperdicio que son protagonizados por los políticos socialistas y sus funcionarios. Cada año $500 millones que son propiedad de personas privadas son protegidos contra la expoliación.
Raymond Baker, director de la organización Global Finantial Integrity vino a asustar con ese petate del muerto que es el contrabando; y creo que él y los funcionarios chapines que lo celebran deberían ver IronMan. Mi frase favorita, de Tony Stark, y la razón por la cual esta peli tiene relación con este tema de los impuestos al comercio internacional es la siguiente: It is my property, and you can´t have it.
Yo creo que los empresarios chapines deberían ver Iron Man. Los ayudaría mucho a subir su autoestima y a no intimidarse por el hostigamiento al que son sometidos por los políticos socialistas y sus funcionarios, por sus comparsas como GFI, y por los empresaurios.
El comercio internacional no es más que el comercio entre personas (individuales, o jurídicas), y no no hay diferencia alguna entre dos personas comerciando entre la zona 1 y la zona 2 de la ciudad de Guatemala, o entre el municipio de Guatemala y el de Amatitlán, o entre el departamento de Escuintla y el de Santa Rosa. Tampoco la hay entre dos personas comerciando entre Guatemala y México, o Guatemala y cualquier país del mundo.
La diferencia -aparente- es artificial porque se basa en las fronteras, que son demarcaciones políticas. El comercio entre personas de Guatemala y México está regulado, controlado, prohibido, permitido y gravado, como no lo está el intercambio entre personas de San Marcos y de Petén, porque hay políticos que así lo disponen. Nada más. Si no fuera porque los políticos establecen regulaciones y gravámenes sobre el comercio entre personas de diferentes localizaciones políticas, el llamado contrabando no sería nada más, ni nada menos, que comercio o intercambio voluntario y pacífico. Como el que hay entre las personas de El Progreso y Quiché.
El contrabando, pues, no es un delito intrínsecamente inmoral o delicta mala in se, como se dice en la doctrina del Derecho. Es un delito sólo porque está prohibido por la ley positiva o delicta mala quia prohibita. El asesinato y el robo son delitos intrínsecamente inmorales porque violan derechos ajenos como el derecho a la vida y el derecho de propiedad; pero eso no ocurre con el contrabando qua intercambio.
El delito de contrabando existe, de forma artificial porque los políticos han dispuesto que las personas no pueden intercambiar bienes, a través de las fronteras, sin entregarle una porción de sus expectativas de ganancias a aquellos que controlan las fronteras. De hecho, el delito de contrabando tiene su origen en el despojo y en la expoliación que los que controlan las fronteras ejercen contra la propiedad de quienes intercambian pacífica y voluntariamente a través de ellas. Y encima los políticos disponen que, si las víctimas de la expoliación tratan de evitar ser despojados, incurren en delito.
Este es un caso típico en el que la legislación, en vez de proteger la vida, la propiedad y la libertad de las personas sirve para violar aquellos derechos y para convertir a los ciudadanos en súbditos. Por eso es que los aranceles son inmorales. Y, en contraste, el intercambio pacífico y voluntario, es un estándar de moralidad.
[…] lo anterior, es un disparate suponer que porque los políticos y los funcionarios reciben menos impuestos a causa de las cargas que le imponen al comercio, los países pierden cuando baja la recaudación […]
[…] contrabando, la subfacturación, el mal etiquetado y el supuesto dumping sólo existen porque hay normativas y […]