La organización Global Fairness Iniciative está tratando de que los chapines que operan en la economía informal paguen impuestos y, en principio, creo que, en un sentido, es una muy buena idea: Todos deberían estar conscientes del costo de tener gobierno y todos deberían cargar con él. Más gente debería compartir la carga de aquel costoso sistema de transferencia política de riqueza, al que mal llamamos gobierno. Eso sí, con el caveat de que, generalmente, los impuestos son una forma de robo en la cual dinero ajeno es tomado por la fuerza para destinarlo políticamente a intereses que muchos de los legítimos propietarios del dinero no elegirían pacífica, ni voluntariamente.
La economía informal, por cierto, no puede ser necesariamente vinculada a actividades criminales porque -con excepción de las que sí son delictivas- aquellas normalmente se limitan al intercambio pacífico y voluntario de lo que es propiedad de las partes involucradas en términos de bienes, servicios, dinero, trabajo, o conocimiento, por ejemplo. En realidad, la economía informal no es informal en el sentido de que sea voluble, inconstante y poco puntual; y sólo puede decirse que no se atiene a las reglas debidas, si nos referimos a las reglas impuestas por medio del estado ya que, con las excepciones propias del campo delictivo, aún entre los informales se respetan normas de conducta justa y se respetan los contratos. La economía informal no es delicta mala in se; sino delicta mala quia prohibita. No hay nada intrínsecamemente malo en dedicarse a la economía informal.
Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, titulado Estimación de la magnitud de la economía informal en Guatemala, lleva a pensar que entre 20% y 30% de la economía chapina opera en la informalidad porque:
-El costo de tener gobierno, expresado en los impuestos y las demandas de los grupos de interés (mal llamadas contribuciones sociales) son muy cargosas.
-El costo y la intensidad de las regulaciones, las prohibiciones, las licencias, los registros y los requisitos, son muy engorrosos.
-La arbitrariedad y la corrupción hacen muy intolerable ya la inaceptable expoliación que ocurre en la formalidad.
Claro que la informalidad tiene costos; pero en tanto estos sean menores a los de la formalidad, la gente siempre preferirá operar bajo de agua.
Dicho lo anterior, exploremos lo que vino a decir Karla Tramontano, presidenta de GFI:
Ella estima que la mayoría de la población económicamente activa trabaja en el sector informal; lo que quiere decir que la mayoría de la gente que está generando riqueza estima que los costos de la informalidad son menores que los de la formalidad. Tramontano cree que es legítimo usar los impuestos para redistribuir la riqueza de unos grupos sociales, a otros; y lo justifica porque hay grupos de interés que así lo demandan. ¿Creerá, también, que los informales se mueren de ganas de echarse a cuestas el costo de tener gobierno para satisfacer las demandas de aquellos grupos de interés?
Puedo estar de acuerdo, con ella, en que un sistema de cobro de impuestos no funcionará si los trabajadores pagan y no reciben los servicios esperados, o si el gobierno no planifica y encuentra que no puede proporcionar lo prometido; empero, para que el sistema sea sano y no perpetúe el sistema de privilegios, ni la arbitrariedad, aquellos servicios sólo son los que contribuyen al bien común (o sea al bien de todos); y lo prometido nunca debe ser violatorio de la vida, la libertad y la propiedad de los tributarios, ni de nadie.
La ampliación de la base tributaria es una buena idea; pero sólo para que todos compartamos el costo de tener gobierno y para servir al bien común; no para multiplicar privilegios, ni para legitimar la expoliación. Lo que hacen los informales cuando operan en la informalidad, es proteger su propiedad contra la expoliación y la arbitrariedad.
