A lo largo y lo ancho de todo el espectro político -con excepción de los anarquistas- hay acuerdo en que al gobierno le corresponde garantizar la seguridad y la justicia. Los liberales clásicos y los libertarios coincidimos en que esa es la única justificación para su existencia. Pero del otro lado del espectro, se cree que esa es una de sus múltiples y abundantes funciones.
En la sociedad guatemalteca, el gobierno ha fracasado miserablemente en el cumplimiento de aquellas funciones. La inseguridad y la ausencia de justicia son lo que distingue a nuestra sociedad. Administraciones van, y administraciones vienen sin que los guatemaltecos podamos acariciar la esperanza de que el gobierno cumpla con esa razón de ser.
Por eso llama la atención que la oferta de seguridad de la administración socialdemócrata se base en policías comunitarias basadas en el apoyo solidario de los tributarios y de los electores para la provision de seguridad ciudadana. Una vez más se comprueba que la administración está más dispuesta a involucrarse de lleno en la satisfacción de las demandas de los grupos de interés y de los buscadores de rentas parasitarias, por medio del presupuesto del estado, que a cumplir con su cometido primordial.
Como dijo, atinadamente, un editorial de Prensa Libre “Desde la organización del Estado, su monopolio de la fuerza y la justicia puso fin a las venganzas personales de todo tipo de agravio que se cobijaba en el concepto del ojo por ojo”. Sin embargo, la administración chapina está abdicando de aquel compromiso. La administración socialdemócrata está abriendo la Caja de Pandora por tres razones:
Primero, porque con aquellos comités, que recuerdan las vigilancias que hay en países totalitarios como Cuba, la delación y las posibilidades de arbitrariedades y abusos se pueden poner a la orden del día. Si la administración no puede controlar ni evitar que la Policía Nacional Civil se involucre en delitos y en abusos, ¿qué va a poder controlar a vecinos maliciosos y armados?
Segundo, porque la administración ya nos cobra impuestos para seguridad y justicia, servicios que no provee.
Tercero, porque aunque los servicios que preste la gente en estas policías comunitarias son servicios a la comunidad, no remunerados; ¿qué evitará que esto sea Patrullas de Autodefensa Civil reloaded? ¿Qué evitará que los integrantes de aquellas policías reclamen pagos e indemnizaciones dentro de 10, ó 20 años?
Es evidente que los sistemas de seguridad y de justicia chapines han colapsado. Y es evidente que hay que hacer algo creativo. Sin embargo, la organización de vigilantes, y sobre todo en poblaciones aficionadas al linchamiento, es una idea muy mala.
De todos modos, como una contribución al diálogo sobre este tema importante, sugiero escuchar la conferencia de Bruce Benson, titulada Alternative Solutions to Crime.
