La Asociación de Jueces y Magistrados rechazó la intervención de la Comición Internacional contra la Impunidad en Guatemala en la elaborción de un plan de emergencia para darles seguridad a los operadores de justicia. Carlos Aguilar, presidente de la Asociación, indicó que no es prudente aceptar la colaboración del ente internacional, ya que en algunos casos judiciales la CICIG es acusadora y tiene a su cargo investigaciones penales que se ventilan en los tribunales. Por su parte, Juan Ramón Lau, secretario de la Asociación de Trabajadores del Organismo Judicial, expuso que la seguridad de jueces y personal judicial debe ser una obligación del Ministerio de Gobernación, y no de la Cicig.
Muy atinado lo advertido por la Asociación de jueces ya que, ciertamente, no es prudente que la seguridad de los operadores de justicia dependa de una entidad que es parte en los procesos que tienen que resolver. Muy atinado, también, lo advertido por la Asociación de Trabajadores del Organismo Judicial ya que el Ministerio de Gobernación es el llamado a ofrecer seguridad ciudadana.
Desde siempre, desde que se discutía la nonata Comisión Internacional de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, yo advertía que no era buena idea que los guatemaltecos abdicáran a su responsabilidad de eliminar la impunidad y la ausencia de estado de derecho. Mi oposición a la CICIACS y a la CICIG siempre se ha basado en que es muy desatinado entregarles a otros la responsabilidad de resovler nuestros problemas.
Por eso celebro que esté pasando ya aquella etapa nefasta en la que se hacía lo que la CICIG quería y en la que a la Comisión se le permitía actuar como un tractor que pasaba sobre lo que fuera y sobre quien fuera, sin más discusiones; y que ni los jueces están dispuestos a depender de ella, ni los trabajadores del Organismo Judicial le condonen al Ministerio de Gobernación lo que es su más harta obligación.
¿Será que estamos madurando?
La caricatura es del genial Fo, de Prensa Libre.
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