La delincuencia y la impunidad no sólo cuestan vidas humanas irreparables; también distraen recursos que han sido tomados de los tributarios y pesan sobre los hombros de estos. Hoy leemos que la criminalidad incontrolada eleva los costos de los servicios de salud estatizados porque el dinero que no se invierte en salud preventiva y en salvar vidas por enfermedades, o accidentes, tienen que ser utilizados en heridos por armas de fuego, o blancas, artefactos explosivos, objetos contundetes, estrangulamientos, vapuleos y otros actos violentos. ¿De cuánto estamos hablando? De entre Q300 y Q400 millones al año.
Eso es lo que, a los tributarios, les cuesta la irresponsabilidad de la Administración en cuanto a seguridad ciudadana y justicia. Todos los tributarios son víctimas de los delitos que se cometen en otros.