El Congreso fiscalizará lo actuado por la CICIG; que fue un instrumento de política pública, autorizado por el Congreso con una gran cantidad de prerrogativas y privilegios. Como debería ocurrir con toda herramienta de política pública, lo correcto es que su gestión sea documentada y evaluada, no sólo de forma administrativa, sino jurídica, política y ética.
Ilustración tomada de Facebook.
Claro que interesan los resultados; pero también los métodos y los costos, no sólo financieros, sino de otra índole, incluso humanos. Sobre todo, en cuanto a personas cuyos derechos hubieran sido violados por prácticas de la CICIG.
¡Por supuesto que la comisión del Congreso no debe involucrarse en los procedimientos judiciales en cuanto a definir si una persona es culpable, o no! Eso es propio de los jueces y no de los diputados; pero ¿por qué no podría evaluar el fenómeno de la prisión preventiva en cuanto a su generalización y plazos? De hecho, hay que hacer una reforma legislativa al tema, y qué mejor que hacerla con los pelos de la burra en la mano. ¿Por qué no podría ser evaluado el fenómeno de la “prisión provisional” –que ni siquiera existe en la legislación–? En 12 años, ¿cambiaron los índices de percepción de la corrupción? ¿Hubo jueces presionados?
La CICIG fue un experimento de tales dimensiones que necesita ser entendido responsablemente a la luz de datos e información objetiva, que vayan más allá de las preferencias personales de tirios y troyanos; y que sean de acceso público. Entender la CICIG no es pegarle a un caballo muerto porque la CICIG es un fenómeno internacional (que incluso ha querido emular El Salvador), ¿por qué es que la comunidad internacional no querría contar con la mayor cantidad de información posible para aprender, comparar y contrastar?
Finalmente, la función más importante del Congreso no es legislar, sino fiscalizar; y aquel órgano tiene como función constitucional nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional; y, finalmente, me da confianza que Luis Pedro Álvarez integre esa comisión.
Columna publicada en elPeriódico.
Coincido, el diputado Álvarez le da credibilidad a la comisión