Si hay autodenominadas organizaciones no gubernamentales que reciben dinero tomado de los tributarios por medio del gobierno…en realidad no son NO gubernamentales.
En aquello pensé cuando leí que los legisladores integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso incluyeron a por lo menos 16 organizaciones no gubernamentales que no estaban contempladas en el Proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el Ministerio de Finanzas Públicas; varias de esas ONG tienen vínculos directos con congresistas y personajes políticos. La asignación de impuestos a aquellas organizaciones vinculadas a políticos no sólo desnaturaliza el concepto de las organizaciones privadas voluntarias de servicio, sino que es abono para el clientelismo y para la corrupción. Es como repartir dinero ajeno, tomado por la fuerza, entre socios, compadres, familiares y cómplices.
Además, el llamado listado geográfico de obras es una aberración ética, política y fiscal que corroe la naturaleza de los diputados y los afianza como tramitadores y administradores de privilegios y de bisnes.
Toda organización que reciba dinero de los tributarios debe rendirles cuentas a los tributarios. Aquellas organizaciones no deberían escapar a la fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas (que de todos modos es un ñaque), ni la del mismísimo Congreso (Ñaque x2).