Para que no se diga que no se hizo algo, aunque sea algo político y sin sentido sanitario, el presidente Giammattei y sus ministros impusieron un Estado de prevención de acuerdo con la Ley de orden público de 1965. Imposición que nadie está obligado a acatar.
¿Por qué? Porque según la Corte de Constitucionalidad (expediente 919-2016), aunque el texto del Artículo 8 de la LOP dice que el estado de prevención no necesita la aprobación del Congreso, ello obedece a que el Artículo 151 de la Constitución de 1965, decía que no era necesario que el Congreso hiciera tal aprobación. Pero, la Constitución actual no contiene regulación similar. Razón por la cual el decreto que apruebe el estado de prevención por el Presidente, debe ser ratificado, modificado, o improbado por los diputados.
Pero no sólo eso, de acuerdo con la LOP, el estado de excepción apropiado para casos de calamidades de salud es el de calamidad pública, no el de prevención. ¿Constituye fraude de ley que el Presidente y sus ministros evadan la responsabilidad que tienen frente al Congreso mediante el truco de usar un estado de excepción inapropiado?
Peor aún, desde las perspectivas del Estado de derecho, del constitucionalismo y del principio pro homine si el objetivo de la Constitución es proteger los derechos individuales, la imposición en cuestión y la LOP misma son anticonstitucionales. Anticonstitucionales porque son legislación violatoria de los derechos.
La imposición presidencial es un bodrio; y encima es inmoral que el Presidente y sus ministros se atribuyan la facultad de prohibir que algunas personas (meseros, bartenders, cajeros, fuenteros, gerentes y más) puedan ganarse la vida honradamente y llevar el pan a sus mesas. ¡Es criminal lo que están haciendo! Nadie está obligado a cumplir con aquella prohibición y ningún funcionario, o empleado público debería sentirse obligado a hacerla cumplir porque ninguno de ellos está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales.
Urge la interposición de todos los recursos que sean necesarios para detener la insana afición presidencial por los estados de excepción.
Columna publicada en elPeriódico.
