Los enemigos de la libertad de expresión y de la igualdad de todos ante la ley tienen dos iniciativas de legislación en el Congreso, que son peligrosamente tomadas en serio: una es la iniciativa 5601 o Ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia; y la otra es la iniciativa 5272 o Ley de protección de la vida y la familia.
Ninguna, claro, se llama legislación para el amordazamiento, o legislación para la perpetuacion de privilegios.
André Gill – Madame Anastasie, via Wikimedia Commons.
La primera normativa esconde, detrás de sanciones para quien cometa acoso mediante medios cibernéticos o ciberacoso, la herramienta idónea para limitar la libertad de expresión en redes sociales virtuales. Es cierto que en estos espacios abundan la mala educación, la intolerancia, la falta de prudencia e incluso las insultos, mentiras y difamaciones; pero seriamente cuestiono que la solución para esas plagas sea la de una legislación ambigua que permitiera calificar de ciberacoso, por ejemplo, las críticas que se hacen a funcionarios, a candidatos e incluso a personas que piensan distinto, o que disienten del pensamiento único que se va imponiendo en silencio; y por otro lado, las injurias, calumnias y difamaciones ya están reguladas en el Código Penal y en la Ley de Emisión del pensamiento.
La segunda normativa esconde, detrás de la prohibición de difundir información acerca de la diversidad sexual en las escuelas y centros de formación (incluso las pagadas con los impuestos quitados a todos los tributarios, de todas las persuasiones), la herramienta necesaria para imponer una sóla visión acerca de aquel tema tan personal, que no debería ser objeto de censura. Las escuelas y centros de formación privados, ¡por supuesto que tienen derecho a enseñar, o dejar de enseñar lo que quieran! Y ya pagarán en términos de credibilidad, o de falta de ella, las consecuencias de sus decisiones curriculares. Pero es inadmisible que el pensamiento único sea impuesto, mediante una legislación mordaza, a los establecimientos que se financian con el dinero quitado a todos.
En términos de perpetuación de privilegios, en tanto que la primera normativa enraíza el privilegio de no ser criticado (para funcionarios, candidatos y similares); la segunda prohibe el virimonio y el femimonio en detrimento de la igualdad de todos ante la ley, y en beneficio de un concepto de matrimonio y de familia compartido por un sector de los tributarios y de los mandantes.
La ley debería proteger los derechos individuales -incluida la libertad de expresión- y no debería convertirse en instrumento para los privilegios. De ahí que aquellas legislaciones deberían ser rechazadas de entrada, en vez de ser alcahueteadas.
