En un ataque contra la libertad de expresión, los diputados Delia Bac, Dolores Beltrán, Estuardo Galdámez, Karla Martínez y Eva Monte presentaron una iniciativa de ley mordaza que busca castigar con prisión a personas que critiquen -por medio de plataformas digitales, o medios de difusión- a candidatos a cargos populares, o funcionarios en ejercicio del cargo durante y después de las elecciones.
Es evidente que esta iniciativa de ley mordaza viola el artículo 35 de la Constitución, que dice que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna; y añade que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.
Los ponentes pretenden crear dos delitos nuevos. El primero llamado acoso político para el que propone prisión de 2 a 3 años contra quien presione, hostigue o persiga a candidatos, funcionarios o políticos. Y se establece que quien ejecute aquellas acciones por cualquier medio de difusión (medios de comunicación, redes sociales) además de irse preso quedaría inhabilitado para ejercer cargo público.
El segundo llamado violencia política establece que quien, o quienes realicen actos de agresión física y/o psicológica o cualquier tipo de coacción contra personas, postulantes electas, designadas o en el ejercicio de la unción política, durante o después del proceso electoral será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Incluye un agravante para los empleados, o representantes legales de una persona jurídica, o empresa para quiene habría una una multa de 5 a 20 mil quetzales, además de la pena de prisión. Y si hubiera reincidencia, la ley facultaría a la cancelación definitiva de la empresa.
Esta última parte del pretendido delito de violencia política, sospecho que va dirigida directamente a periodistas y empresas periodísticas.
Aunque la iniciativa es evidentemente inconstitucional es preciso que sea aplastada en el pleno del Congreso antes de que avance un paso más. Ninguna iniciativa igual, o parecida debe ser tolerada por nadie a lo largo y lo ancho del espectro político, y por nadie a lo largo y lo ancho del espectro de electores y tributarios. Todo intento de mordaza y todo intento de usar la legislación para coartar la libertad de expresión debe ser repugnante y debe ser extirpado sin miramientos.
