La suspensión de operaciones de la mina de plata Escobal en el sureste de Guatemala, en julio de 2017, desplazó a más de 850 trabajadores y puso en peligro los medios de subsistencia de miles de personas más cuyos trabajos están respaldados indirectamente por el proyecto. La pérdida de ingresos familiares ha perjudicado a las comunidades en el municipio de San Rafael Las Flores y, en algunos casos, ha enviado a los desempleados al norte a buscar trabajo en los EE. UU., dice Mary Anastasia O´Grady en su columna de The Wall Street Journal, titulada Why Central America Stays Poor.
Y luego explica que la naturaleza puede ser cruel en países subdesarrollados. Sin embargo, no fue el fuego, una inundación, un alud o un volcán lo que produjo aquel golpe económico. Es una farsa hecha por el hombre, cortesía de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Es una saga que vale la pena volver a contar porque va al corazón de la pobreza intransigente del país.
La columnista cuenta con detalles el caso de El Escobal, que es propiedad de la minera San Rafael; así como el rol que han tenido la ONG CALAS, la CICIG y la Corte de Constitucionalidad en este caso de fabricación de miseria.
O`Grady concluye en que la mina podría ser reabierta fácilmente respetando los derechos de los Xincas. Pero al parecer, el tribunal supremo no quiere que eso suceda, sin importar el costo para el pueblo guatemalteco. Y eso es lo que a mi me enoja, el hecho de que a los magistrados activistas no les importe hacer tantos daños, a tantas personas, no sólo vinculadas con la mina; sino a todos aquellos que no obtendrán empleos, ni mejorarán sus ingresos en la medida en que más y más empresas se den cuenta de lo absurdo que es invertir en Guatemala.
