El empresario Bill Browder presentó, ante la Comisión Helsinki, un listado de evidencias documentales que prueban que le banco estatal ruso VTB trabajó con la CICIC la persecución de la familia Bitkov, en Guatemala.
Bill Browder es el promotor de la ley Magnitski, que en sus inicios buscaba castigar a funcionarios rusos involucrados en el asesinato de Sergei Magnitski mediante no dejarlos entrar a los Estados Unidos de América y mediante la prohibición de que usen el sistema bancario de aquel país; y luego se extendió a funcionarios globales involucrados en abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. En Guatemala, un diputado acusado del asesinato de dos periodistas fue sancionado por los EE.UU, con la ley Magintski.
Recientemente uno de los banqueros rusos involucrados en este asunto es Andrey Kostin, presidente del banco estatal VTB que ha sido objeto -junto a otros oligarcas rusos- de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, que le ha aplicado la ley Magnitsky, que equivale a una muerte financiera internacional.
Las evidencias provistas por Browder incluyen que: el 13 de noviembre de 2014 la CICIG aceptó una queja de VTB contra los Bitkov: el 21 de enero de 2015 VTB publicó un boletín de prensa en el que elogiaba las acciones coordinadas entre VTB y la CICIG, que llevaron a la captura de los Bitkov; el 22 de enero de 2015 la CICIG arguyó, en la corte, que VTB de debería ser aceptado en los procedimientos judiciales contra los Bitkov.
Las evidencias también incluyen que: el 26 de enero de 2015 un periódico de negocios, ruso, reportó que los abogados de VTB estaban involucrados con la CICIG en el caso contra los Bitkov; el 14 de diciembre de 2017 VTB y la CICIG presentaron una apelación que buscaba anular un amparo a favor de los Bitkov; y el 25 de abril de 2018 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló a favor de los Bitkov y rechazó una apelación de VTB y la CICIG.
Claro que la CICIG no actúa directamente en los tribunales, sino que lo hace por medio del Ministerio Público, de acuerdo con su mandato. La CICIG hace las investigaciones para el MP, lo asesora en cuanto a qué casos perseguir y con qué intensidad y le arma los casos.
Hay un caveat, sin embargo, con normas como la legislación Magnitsky, La legislación de extinción de dominio, o la lista Engel por mencionar tres: Por supuesto que a uno le alegra que los malos sean castigados; pero la legislación referida y la práctica mencionada son disposiciones ejecutivas -y por lo tanto políticas- que violan el debido proceso, y la presunción de inocencia. Además son expropiatorias. Nada tienen que ver con la administración de justicia. Son un sanbenito y pueden resultar en una forma de linchamiento o asesinato de carácter que tiene efectos profundos en la prensa, las redes sociales, en la opinión pública y, hasta en los tribunales.
Todo aquello no sirve a la justicia, ni siquiera si cae sobre los malos. ¿Y qué tal si cae sobre los buenos? El problema grave de castigar políticamente, al margen de las garantías procesales, es que se abre una puerta ancha para la arbitrariedad y para el ejercicio de la guerra jurídica o lawfare.
En Guatemala esa puerta fue abierta durante los tiempos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG; y la cuestión es si queremos que siga abierta.
¡Por supuesto que los malos -como los esbirros de Putin y los violadores de derechos humanos- deben enfrentar las consecuencias jurídicas de sus actos delictivos y abusadores! Pero no por medio de decisiones políticas, no a riesgo de decisiones arbitrarias y no al margen de las garantías procesales.
