Los reportes periodísticos dicen que un grupo de personas retuvo, el jueves, durante tres horas, a dos ejecutivos de la mina San Rafael y de su empresa propietaria: Tahoe Resources Inc. No dicen que los ejecutivos fueron secuestrados, claro; porque retenidos suena menos feo.
¿Cómo iba a ser de otra forma si lo que ocurre en San Rafael es tenido, en algunos círculos como un movimiento social? ¿Cómo iba a ser de otra forma si la agenda de promoción de inversiones está avanzando en el Congreso y en el Ejecutivo?…y, sin embargo, ¿cómo iba a ser de otra forma si hace más de 200 días que la mina fue forzada a detener sus operaciones y hace 117 días que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se rehusan a resolver el caso de la mina que tienen en sus manos?
Los retenidos fueron el gerente de país de Tahoe Resources Inc., David Howe y el gerente de Relacionamiento de la mina, Camilo Medina. ¿Cómo se leerá lo que ocurrió, en Reno, o en Londres? Tahoe es de Nevada y Rowe es británico. No hay forma de que se lea bien, el grupo que secuestró a los ejecutivos estaba armado y pinchó las llantas del vehículo en el que se conducían las víctimas.
¿Quienes secuestraron a los ejecutivos? Fuenteovejuna; es decir, los pobladores del área, que se oponen a la operación de la mina.
Por cosas como esta es que la minera Marlin, en San Marcos, decidió no ampliar sus inversiones y se va del país. Y mientras que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad entretienen la nigua y no quieren, o no se atreven a emitir su fallo, no sólo hay miles de personas sin trabajo -en un país en el que el mayor problema es la pobreza-, sino que hasta el fisco pierde ingresos -tan necesarios para la piñata de intereses que es el Presupuesto del Estado-.
En la medida en que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad incumplen con su obligación con la justicia, en esa medida crecen los riesgos de violencia y criminalidad.
La foto es de elPeriodico.
